Colaboración de Lourdes Aranda
En los últimos veinte años, la democracia en Venezuela se deterioró a paso veloz. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que sufrieron autoritarismos, Venezuela tuvo un régimen democrático desde la segunda mitad del siglo XX. El desgaste del bipartidismo por los escándalos de corrupción permitió que subiera al poder el comandante Hugo Chávez en las elecciones de 1998.
Como presidente, Chávez transformó de manera drástica el régimen político. Emprendió acciones sociales que le aseguraron apoyo electoral a él y a su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre los ciudadanos de menores ingresos. Dirigió una política exterior que convirtió a Venezuela en un líder regional, que ofrecía recursos petroleros a otros países latinoamericanos, en particular a Cuba, para promover su modelo de “socialismo del siglo XXI”. Su retórica antiestadunidense, contrastaba con las enormes ventas de crudo a ese país.
En la práctica, el socialismo del siglo XXI no fue más que un refrito de los populismos latinoamericanos: promovió políticas fiscales irresponsables y debilitó la independencia de instituciones establecidas, como los tribunales y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Paulatinamente sus políticas deterioraron la vida de la población venezolana: aumentó la inseguridad pública y, con su hostigamiento al sector privado, la escasez de alimentos y medicinas. La oposición al chavismo en lugar de unirse y enfrentar al régimen, se dividió, en una ocasión incluso promovió no participar en los comicios.
A algunos años de distancia, como participante en la política exterior mexicana, reconozco las dificultades para tratar con Chávez. México buscaba acercarse a la región, después del aislamiento provocado por Fox y Castañeda y prefirió no confrontar a Chávez, a pesar de sus constantes ataques en diferentes foros. Otro motivo de cautela era la preocupación por las expropiaciones de empresas y dificultades de éstas para repatriar capitales. El gobierno necesitaba tener un margen de negociación para proteger las inversiones mexicanas en ese país. Así toleramos la retórica y los desplantes frecuentes de Chávez, del “bully” del vecindario. Ningún otro líder –recordemos el enfrentamiento con el rey Juan Carlos– osaba denunciarlo, a pesar de sus desacuerdos.
La muerte de Chávez dejó a todos en un impasse. Parece que el fantasma del comandante persigue a la región todavía. Nadie se atreve a hablar de lo que pasa en Venezuela, a pesar de que su sucesor, Nicolás Maduro, no tiene su inteligencia o carisma y enfrenta un contexto político, social y económico mucho más adverso.
El 6 de diciembre se celebrarán las elecciones parlamentarias de Venezuela para renovar los 167 escaños de la Asamblea Nacional, en medio de numerosas irregularidades. La Contraloría de Venezuela inhabilitó a varios candidatos de la principal oposición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), por presuntas faltas administrativas. El régimen ha detenido y sentenciado a prisión a varios líderes de la oposición, entre ellos Leopoldo López, Antonio Lezama y Daniel Ceballos. La CNE aprobó una propuesta de “acompañamiento electoral”, que limita la observación a mecanismos afines. Aún más, Maduro anunció que en caso de perder las elecciones –escenario bastante probable según las últimas encuestas– “gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar”. Es decir, prefigura disolver la asamblea si son mayoría los opositores.
Recientemente y de manera sorpresiva, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó su preocupación sobre la falta de garantías de transparencia y justicia y equidad en la próxima jornada electoral. México y el resto de América Latina se han mantenido en silencio. Nos preocupa que ante la crítica, Maduro resalte problemas que enfrentamos y nos ataque por ellos. Sin embargo, en el terreno institucional y electoral, México cuenta con la autoridad moral para defender la democracia. Por nuestra experiencia histórica, aprendimos que la observación electoral es una medida que fomenta la confianza de los ciudadanos en la democracia, impide prácticas fraudulentas y disminuye o evita la violencia de los conflictos postelectorales.
Los gobiernos populistas siempre terminan de la misma manera: con un estallido económico, con un autoritarismo creciente y con graves violaciones a los derechos humanos. México debería de ser fiel a lo mejor de sus tradiciones diplomáticas: debería promover una coalición de países afines en la región –pienso en nuestros amigos de la Alianza del Pacífico, junto con Brasil y posiblemente el nuevo gobierno argentino– para advertir al régimen de Maduro que no se permitirán retrocesos en Latinoamérica. En un mundo extraordinariamente violento y conflictivo como el actual, no podemos permitir que se erosione el consenso democrático que prevalece en nuestra región.
Twitter: @lourdesarandab