El contrabando de combustible es como esos espectros malvados que promueven la corrupción y la malicia hasta revelarse el estratosférico daño autoinfligido a las arcas del Estado. El negocio ilegal crece en las fronteras y coloca a Claudia Sheinbaum en aprietos, por su inocultable relación con Pemex y sus ramificaciones a la política en alianzas inaceptables, como las que denuncia Trump. Por el daño a sus haciendas y la fuga de recursos al crimen, el huachicol fiscal se ha convertido en prioridad común de Sheinbaum y Trump dentro de la persecución más amplia de los cárteles de droga. Sería suicida no compartir ese objetivo de seguridad, de entrada, por el hoyo al erario, y en segunda, por el financiamiento del crimen a la política; aunque destapar la cloaca deje un reguero de salpicaduras y amenace en particular a varios políticos y gobernadores de Morena.
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Pero el caso es que Trump y Sheinbaum pactan contra el mismo enemigo, incluso a pesar de implicaciones y amenazas veladas a la narcopolítica con la supuesta elaboración del gobierno de EU de una lista “negra” de restricciones diplomáticas a líderes partidistas, gobernadores y del gobierno de López Obrador; y sin dejar de lado la espinosa relación bilateral en seguridad por las pretensiones de intervención militar estadunidense, que sólo conseguiría exacerbar la violencia.

