La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso este viernes de las versiones que señalaban que la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel obedecía a un afán de distracción frente al escándalo generado por los audios filtrados de la actual gobernadora de esa entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La mandataria fue tajante al descartar cualquier vínculo entre ambos asuntos.
«No tiene nada que ver, porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el gabinete de Seguridad; en este caso fue una acción de cuando se encuentran los tanques y a partir de ahí viene una investigación de un año», afirmó Sheinbaum.
La presidenta subrayó que no pretende hacer una valoración política del caso y destacó que la investigación en contra de Ruffo Appel está respaldada por pruebas técnicas, fundamentos jurídicos sólidos y un proceso que se prolongó durante aproximadamente un año. Señaló que será un juez quien determine la situación jurídica del exmandatario con base en los elementos presentados por la Fiscalía.
Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia de México y exsenador del PAN, fue detenido el jueves 16 de julio en el municipio de Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la captura es resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible llevadas a cabo por la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel es fundador y accionista. Los cargos imputados incluyen delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
El caso se remonta al 8 de julio de 2025, cuando autoridades federales aseguraron más de 15 millones de litros de combustible ilegal en el estado de Coahuila, en lo que representó el mayor decomiso de hidrocarburos de procedencia ilícita durante la administración de Sheinbaum. En aquella ocasión, la FGR identificó a Ingemar como una de las cuatro empresas involucradas en la red, junto con Lambrucar, Belar Fuels e Industriales Fundentes.
De acuerdo con la FGR, el modus operandi del grupo consistía en declarar ante las autoridades aduanales cargamentos de aditivos o aceites, o bien reportar volúmenes de gasolina y diésel muy inferiores a los reales, ocultando así millones de litros de hidrocarburos que ingresaban principalmente por la aduana de Matamoros, Tamaulipas, a bordo de ferrotanques.
Fue la propia gobernadora Marina del Pilar quien, en septiembre de 2025, confirmó públicamente que la FGR investigaba a una empresa vinculada a Ruffo Appel por huachicol. El exgobernador, en su momento, se deslindó de cualquier responsabilidad y señaló estar disponible en caso de ser requerido por las autoridades.
Ruffo Appel fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana, en espera de su audiencia inicial ante un juez federal.