Las grabaciones no dejan margen a la duda. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negoció en secreto con Estados Unidos. Un tercer audio exhibe que la señora se reunió en Panamá, territorio neutral, con agentes del FBI y de Seguridad Nacional, a finales de agosto del año pasado. La orden fue que la prensa no lo supiera.
Un misterioso intermediario fijó los términos del trato: le recomendó ser abierta y honesta; a cambio, le devolverían su visa y no sería acusada de algún delito. La gobernadora agendó su propia emboscada.
El problema no es quién la grabó, sino qué ofreció. Se comprometió a entregar lo que oye en las mesas de seguridad que ella preside: información pura y dura del Estado mexicano, precisamente a cambio de su visa incautada.
En el mismo cuadro aparece Carlos Torres, su exesposo, a quien se vincula con el grupo criminal de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa, del lado de El Mayo Zambada. El hilo del escándalo entró hasta el lecho conyugal.
La defensa de Marina del Pilar es una cortina de humo. Mueve el foco hacia los micrófonos. Acusa a su antecesor, Jaime Bonilla, de tenderle una trampa. Bonilla lo niega y contraataca: recuerda que desde el primer día de su gobierno Marina del Pilar y su exesposo han estado vinculados con el narco.
En entrevista, Bonilla nos dijo que Marina del Pilar es su peor enemiga; la describe como una mujer en crisis de pánico. También le devuelve las preguntas: ¿quién la cruzó sin visa?, ¿quién le arregló la cita? y ¿por qué ofreció información de seguridad nacional?