El gobierno federal no cerró la herida: la abrió de nuevo. Sheinbaum revivió el caso de El Mayo cuando un museo de Nuevo México exhibió la avioneta que se lo llevó el 25 de julio de 2024. La conclusión incómoda salta sola: aquello olía a operación encubierta desde el primer día.
Eso lo entendía medio país desde hace dos años; todos, menos Palacio Nacional. Ahora la 4T exige a Estados Unidos pruebas de lo que México debió investigar. Fabrica un pleito diplomático con recortes de prensa. Reclama datos afuera porque adentro no los consiguió o porque no le conviene encontrarlos.
El gobierno federal no está confundido: está atrapado en sus propias contradicciones. La Secretaría de Relaciones reserva hasta 2031 el expediente Sinaloa. Horas después, la Cancillería recula: abrirá una parte, pero esconderá lo que importa. La FGR presume siete carpetas; después de dos años, no muestra resultados.
Rocha Moya, Inzunza y otros ocho señalados siguen a salvo. Mientras tanto, Los Angeles Times publica la identificación del piloto que se llevó a El Mayo. El piloto fue deportado de Estados Unidos, la FGR lo detuvo en Culiacán y, seis meses después, se lo entregó otra vez al vecino norteño. Si eso es investigación, parece más bien simulación.
Y cuando el relato se cae, aparece el villano de ocasión: Ken Salazar. Sheinbaum lo acusa de mentir. El pecado de Don Ken fue anunciar su libro y deja asomar una versión explosiva: que López Obrador temía lo que Zambada pudiera decir tras su captura.
En vez de explicar el expediente, el gobierno cambia de enemigo. Viejo truco: cuando faltan respuestas.
Mientras tanto, El Mayo hace lo que el gobierno mexicano no ha hecho: habla. Se declara culpable, colabora y será sentenciado el 20 de julio, probablemente a cadena perpetua. El capo negocia con la justicia estadounidense; México negocia con sus silencios. El Mayo canta. El gobierno desafina.