La detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y opositor a la 4T, llega en un momento políticamente sensible: justo cuando el escándalo de Marina del Pilar Ávila exige explicaciones. La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de 15 millones de litros de combustible en 129 ferrotanques.
Mientras tanto, la gobernadora sigue en su despacho, pese a que grabaciones la exhiben ofreciendo información sensible del Estado mexicano a un gobierno extranjero a cambio de recuperar su visa incautada.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que Ruffo encabeza una de las redes más grandes de huachicol y que su empresa, Ingemar, era investigada desde hace un año. Ahora vendrán las pruebas para sentenciar al opositor panista. Sin embargo, antes de convertir la detención en trofeo judicial, conviene recordar que la mano que hoy aparece firme ayer fue ciega: el huachicol fiscal lleva años a la vista, entre aduanas, facturas falsas, autoridades compradas y altos jefes de Marina implicados.
Por eso, la oportunidad política de la captura importa tanto como el expediente. Ruffo y sus presuntos cómplices caen justo cuando arde el escándalo de la gobernadora morenista. La 4T sigue un patrón: persigue al de enfrente y cuida a la de casa. Al exgobernador se le acusa de mover combustible; a Marina del Pilar se le oye comprometer al Estado mexicano. Uno enfrenta a un juez, mientras la otra permanece intacta en el poder. Las casualidades no existen.
Que Ruffo responda por lo suyo, sí. Pero que responda también quien ordena una captura para tapar a una militante distinguida cuya conducta exige explicaciones. Para la opinión pública, la detención del exgobernador se lee como una cortina de humo.