María Amparo Casar
La presidenta ha tenido los arrestos para cambiar algunas políticas. El ejemplo más claro es el de la inseguridad. Se reconozca o no en el discurso oficial, se abandonó en la práctica la política de abrazos no balazos. Ha habido un reconocimiento implícito (sobre todo hacia EU) de que sí producimos fentanilo, sí la introducimos al vecino del norte y sí hay huachicol. Y digo implícito porque en ningún momento Sheinbaum se ha deslindado de su antecesor ni lo ha expuesto públicamente por sus mentiras como aquella de que en México ni había laboratorios, ni producción, ni exportación de fentanilo.
El decomiso de casi 1,000 kilos de fentanilo y la destrucción de 140 laboratorios clandestinos hablan por sí mismos aun cuando no haya habido un deslinde público. Lo mismo ocurre con la detención de más de 10 mil presuntos delincuentes procedentes de los más connotados grupos criminales.
Si en esta materia tan sensible del obradorismo la presidenta supo dar un viraje, no se explica que no lo dé en otros frentes que a ojos de todos resultaron fallidos.
Se “puede entender” que la política de transparencia construida a lo largo de varias décadas se haya destruido.
Ni éste ni el anterior gobierno quieren rendir cuentas.
Quieren manejar las cifras a su antojo y para ello hay que desaparecer o alterar los datos recabados por los antes órganos autónomos. De esa manera pueden mentir a sus anchas y desmentir a quienes se dedican a vigilar el gasto público y el enorme desvío de recursos. El último estudio de la organizaciónSignos Vitales, da cuenta puntual de que “el gobierno mexicano ha decidido no generar, retrasar y manipular información, lo que ha impedido deliberadamente el ejercicio de la rendición de cuentas, debilitando la vigilancia ciudadana y bloqueando la posibilidad de corregir errores o fracasos institucionales”. La presidenta ha agregado de su propio cuño la desaparición -que su gobierno llama transformación- de Compranet la herramienta más útil creada por el neoliberalismo para que podamos saber a quién se asignan los contratos gubernamentales y por qué cantidades.
Se “puede entender también” en la lógica hiperpresidencialista de la 4-T que organismos como el IFT, la CRE o la CNH desaparezcan. Control, control, control.
Lo que ya no tiene explicación es por qué no poner el freno y dar el volantazo en materia de obras de infraestructura, en salud, en educación y en energéticos. Tampoco tiene explicación el persistir en los mismos errores que se cometieron con la compra consolidada de medicinas, con la desaparición del Seguro Popular (después Insabi), con la pretendida soberanía alimentaria (sea lo que sea que ésta signifique y que se tradujo en la mayor importación de maíz en el sexenio pasado), con trenes que llegan a transportar 1.8 pasajeros al día, con gaseras que no distribuyen (Gas del Bienestar), con refinerías que no refinan, con aerolíneas que no vuelan (Mexicana), con aeropuertos que no resuelven el tráfico aéreo (AIFA), con megafarmacias que no tienen medicamentos o con vacunas que no se producen (Patria).
Por qué crear ahora una empresa estatal de Vivienda del Bienestar, una de Semillas del Bienestar, una de Frijol del Bienestar y otra de mini-vehículos eléctricos (Olinia). Por qué impulsar el Chocolate del Bienestar con los mismos contenidos de calorías, azúcares y grasas saturadas que los productos que ahora se prohíben en las escuelas. Por qué crear Alimentación para el Bienestar fusionando Segalmex con Diconsa en lugar de introducir mecanismos para evitar que vuelva a presentarse el peor fraude del sexenio pasado y limpiar a la paraestatal de corrupción.
En ninguno de estos casos se estaría metiendo la presidenta en la política pública -por llamarla de alguna manera- emblemática de López Obrador: las transferencias en efectivo.
La pregunta es por qué no dar el viraje, como lo hizo con la inseguridad, en todas estas otras políticas. Ya demostró que sí se puede.