María Amparo Casar
El nepotismo en política es, en su expresión originaria, el uso de un cargo para otorgar a familiares o amigos un puesto sin importar el mérito o la capacidad para ocuparlo. Se extiende también a la entrega de “favores o privilegios” de todo tipo que no se conseguirían sin la influencia y poder del otorgante. Está íntimamente ligado al patronazgo y al clientelismo.
En éste y en gobiernos anteriores el nepotismo siempre ha estado presente y de manera muy intensa. En el espectro entre un sistema de botín o de despojo (spoils system) y un sistema meritocrático, México siempre ha estado más cerca del primero, que incluye el reparto de puestos entre familiares y leales.
Reconociendo esta realidad, la presidenta Sheinbaum mandó una iniciativa de reforma constitucional para combatir el nepotismo. ¿Hacía falta y es una iniciativa alineada a su objetivo?
El nepotismo ya está prohibido y tipificado como falta grave tanto en la Ley Federal de Austeridad Republicana (2019), como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El problema es que en ambas está circunscrita a las contrataciones de familiares en la misma dependencia o ente público en que el servidor público ejerce sus funciones y su aplicación es limitada. En parte por ello el nepotismo como problema público no ha desaparecido.
¿Arregla este problema la nueva iniciativa? No.
Lo primero que hay que señalar es que la iniciativa se restringe a los puestos de elección popular. Y dentro de esta restricción hay otra más. Se limita a un periodo de tres años. Dice a la letra que: se establece “… como un requisito de idoneidad, que para las personas que pretendan participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán”.
Me pregunto por qué, si realmente se quiere combatir el nepotismo, en la iniciativa se aborda solamente el de carácter electoral. Y me lo pregunto porque no es en los cargos electorales en donde se presentan la mayoría de los casos de nepotismo. Son más bien, la excepción. Adicionalmente, en una democracia son los electores los que definen quién llega al puesto y tienen en sus manos la posibilidad de castigar el nepotismo.
Pero dejemos de lado este último detalle.
¿En dónde se localiza mayormente el nepotismo?
¿En los puestos de elección popular o en el ámbito administrativo federal y local? Según los censos nacionales del gobierno federal y de los gobiernos estatales (INEGI, 2023) hay 1.5 millones “de personas servidoras públicas adscritas a las instituciones de la Administración Pública Federal” y 2.5 millones de servidores en las administraciones públicas estatales. Un total de 4 millones.
Es en este universo en el que hay que combatir el nepotismo.
Pero vamos al reducido universo que escogió la presidenta y tomemos, por ejemplo, el sector de los gobernadores. Según una investigación de MCCI elaborada por Ricardo Alvarado y Marina Gómez Robledo, de los 193 gobernadores y gobernadoras que ha habido en México desde el año 2000 hasta el 2024, la nueva ley sólo habría podido afectar, en el mejor de los casos, a 3 gobernadores, o sea, el 1.5%.
Se detectaron 25 eventos de gobernadores con vínculos familiares con otros exgobernadores de la misma entidad, pero como la iniciativa dice que deben mediar tres años y sólo con la persona que está ejerciendo la titularidad de ese cargo, la mayoría de estos no habrían quedado afectados.
Es el caso de los fallecidos gobernador y gobernadora de Puebla, debido a que hubo un cambio en la ley electoral local para elegir a un gobernador que duró en su cargo poco más de un año. La finada Martha Erika Alonso habría librado el escollo de nepotismo pues no era su marido el que estaba ejerciendo la titularidad del cargo.
Es el caso también de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Podrían haber evitado el rigor de la ley pues Jorge Torres López fue gobernador interino de enero a diciembre de 2011.
El tercero es el de Baja California Sur en el que Narciso Agúndez Montaño sustituyó a quien se supone es su primo, Leonel Cota Montaño. Ellos han negado el parentesco. Lo cierto es que no se cuenta con información pública suficiente para asegurar si existen o no vínculos familiares entre ambos. Otro defecto más de la iniciativa. ¿Conoce usted sus relaciones familiares hasta el cuarto grado?
Tal como está redactada hoy la reforma, la tasa de eficiencia para combatir el nepotismo sería de CERO.
Más que una solución de fondo al problema, la reforma se plantea como una simulación de acción contra el nepotismo que sigue creciendo fuera de control en México.
Pienso que hay otras maneras de combatir de manera más eficiente el nepotismo ahí donde se necesita combatirlo: diseñar y comprometerse con una política de contratación que definiera mecanismos claros y objetivos de ingreso, permanencia y ascenso de personas servidoras públicas; la creación de un padrón de relaciones familiares de los funcionarios o crear un canal de denuncias eficaz. El nepotismo, como la corrupción, no se elimina por decreto, sino con políticas que busquen realmente entender el origen, lógica y funcionamiento del problema.
P.S. Como último elemento para terminar de evidenciar que esta ley no busca solucionar el problema del nepotismo, ayer la Cámara de Senadores decidió retrasar su implementación hasta el 2030. Curioso: los beneficiarios de este cambio serían la senadora del Partido Verde Ruth González Silva, que ahora podría suceder a su esposo, José Ricardo Gallardo, como gobernadora de San Luis Potosí; al senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, que podría suceder a su hija, Evelyn Salgado en Guerrero, y a Saúl Monreal, senador por Morena que podría convertirse en el tercer hermano Monreal ocupe el cargo de gobernador de Zacatecas y suceda a su hermano, David.