José Buendía Hegewisch
El gobierno de Sheinbaum podría encallar en la elección judicial como barco asentado en arenas tóxicas.
En la recta final parece coladera sin filtros por donde puede escurrirse cualquier candidatura oprobiosa y ganar el cargo. Sus fallas de diseño generan muchas dudas sobre el proceso cuando aún está por venir la máxima prueba de la participación para legitimar la reforma. ¿Quién es responsable de fallos e inconsistencias que afectan una inédita elección a nivel mundial?
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La respuesta, como en Fuenteovejuna, será que todos y nadie; en exculpaciones similares a las que cobijaron la impunidad del sistema actual que, paradójicamente, justifica la reforma. El reparto de culpas sacude el proceso, mientras el Congreso ensaya maniobras jurídicas para impugnar una veintena de candidaturas “altamente riesgosas”; que se les escaparon a los comités de elegibilidad sin tiempo para atajarlos entre 3,414 aspirantes que irán a las urnas el 1 de junio.
Y que el INE se rehúsa a eliminar porque no fue el responsable de revisarlas y aduce que tendría que esperar hasta que sean electos. Ni cómo tapar el pozo hasta que el niño aparezca ahogado, aunque afecte la confiabilidad del proceso.
La reforma es una promesa que Sheinbaum llevó a las urnas para sacar adelante el plan C de López Obrador con una mayoría que no necesitara del acuerdo con la oposición; ahora toda la responsabilidad del resultado de una elección al vapor recaerá sobre su gobierno, como autor de una ruta con poca certeza y confianza a la mayor transformación del aparto de justicia en un siglo. Aun cuando antes de aprobarse promoviera un debate que, sin embargo, no se reflejó en definiciones claras sobre los procedimientos y mecanismos de control adecuados. La urgencia de acallar críticas sobre los estándares democráticos de la elección y la presión por consumar el plan C al inicio de su mandato pudo más que la serenidad y “cabeza fría” que Sheinbaum ha demostrado en otras situaciones tan delicadas, como manejar las amenazas de Trump o las resistencias a su reforma contra el nepotismo.
¿Por qué? El temor al obstruccionismo del Poder Judicial, como reclamara López Obrador, para lanzar la reforma parece haberla persuadido de librar cuanto antes un escollo que frenara su proyecto, como exigía también su antecesor. Aunque al elevadísimo costo de convertirse en el mayor factor de incertidumbre para su gobierno, quizá mayor que el torbellino comercial de Trump; y a riesgo de quedar varado en un banco radioactivo que envenene la confianza, la inversión y el crecimiento. La corrupción judicial y, sobre todo, la impunidad juegan a favor de la reforma, pero se impuso un diagnóstico político más que la rigurosidad jurídica, a diferencia del caso del freno a la de telecomunicaciones ante las críticas de otros contrapoderes, como los grandes medios. Y el resultado es que ahora, a la puerta de las urnas, nadie puede subsanar los fallos y frenar candidaturas con carpetas de investigación abiertas por delitos graves como peculado, abusos sexuales y defensores del crimen organizado, tras haber logrado burlar los filtros de idoneidad de los comités de evaluación de los Poderes.
El puñado de candidaturas que pide al INE eliminar es, en efecto, un número pequeño, como defiende Sheinbaum, pero suficientemente ilustrativo de los desafíos a la legitimidad y certeza del proceso. Las historias se cuentan con ejemplos y la de la elección tiene que asimilar algunas tan sorprendentes como una candidata a juez en Chihuahua, Silvia Salgado, que hace unos años defendía al Chapo Guzmán; u otro aspirante a la Corte, César Gutiérrez Priego, que hace campaña con filtraciones para inculpar de narco al expresidente Zedillo.
Por no hablar de las campañas sin contenido ni propuesta en redes por parte de candidatos desconocidos para la gente, cuya máxima aspiración es identificar su nombre con un color y su número en la boleta para recibir el voto, sin despejar la duda sobre su idoneidad para ocupar el cargo de juez, magistrado o ministro. Y si todas estas inconsistencias asoman como un banco de arena para la reforma, el mayor desafío para su legitimidad será la prueba del ácido de la transparencia en las urnas y participación en la elección, cuyas estimaciones rondan entre el 8 y 15 por ciento. El peligro para el gobierno es que se inmovilicen sus propósitos de justicia en nuevos tipos de obstruccionismo de candidatos ligados a grupos políticos o al narco a cambio de los que quiere remover.