El Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), el primero en su tipo en Latinoamérica, lleva 15 años recolectando recursos para facilitar el acceso a este servicio de forma segura y sin estigmas, mientras prevalece la criminalización de la interrupción del embarazo en México pese a las reformas y los fallos de la Suprema Corte.
Creado en 2009 por la organización civil Balance, a raíz de la despenalización del aborto hasta la semana 12 en la Ciudad de México en 2007, el fondo apoya a mujeres y personas gestantes con acompañamiento y costo del procedimiento en hospitales de la capital, además de hospedaje y transporte si es necesario, explicó a EFE Brenda Gutiérrez, coordinadora de incidencia y comunicación de la iniciativa.
«La razón por la que podemos hacer esto es porque somos un fondo de aborto y entonces a veces las mismas personas regresan lo que se les apoyó en otro momento en el que ya puedan», apuntó, lo que sumado a la Red MARIA de donantes recurrentes, les permite seguir operando.
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No obstante, Gutiérrez advirtió que en los últimos años los costos de operación del fondo se han triplicado debido al aumento de casos de semanas avanzadas de gestación que han recibido, en ocasiones canalizados desde instancias gubernamentales.
«Muchas veces lo que sucede es que de parte de las propias Secretarías de Salud o de parte de los propios hospitales estatales nos contactan y nos dicen, tenemos este caso, tiene tantas semanas, pero no hay personal aquí que lo pueda resolver o que lo sepa hacer», expuso Gutiérrez.
La activista destacó que agradecen la canalización, que para ellas significa que desde las instituciones están respaldando el acceso, pero subrayó que «los costos siguen recayendo en el fondo, y eso sí ha aumentado».
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Pese a ello, Gutiérrez agregó que últimamente han atendido «casos más complicados con más semanas», los cuales implicaron más barreras para abortar en el plazo legal permitido, que van desde educación sexual hasta la desinformación, el estigma social y la falta de servicios médicos adecuados.
«Hemos podido ver que ahora el 70% de los casos que nos llegan son de más tiempo y entonces eso aumenta los costos de operación», remarcó.
Gabriela Millán, oficial de incidencia y comunicación del Fondo MARÍA, insistió en la importancia de eliminar el plazo para abortar, como estuvo a punto de discutirse en el Congreso de la capital en noviembre pasado, pues esta barrera afecta a las personas más vulnerables, quienes enfrentan más barreras para acceder al servicio a tiempo.
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También advirtió del desconocimiento social y del personal médico sobre las causales legales para abortar en cualquier momento de la gestación y sin necesidad de ninguna autorización o denuncia, como establecen normas oficiales mexicana para casos de violación.
Detalló que uno de los grandes problemas es que no todos los estados de México consideran el mismo número y tipo de razones para justificar el aborto, entre las que resaltan el riesgo a la vida, la malformación genética y la violación.
Por ejemplo, agregó, en algunos estados solo se aplican tres causales, mientras que, en otros, como Guerrero, si te niegan el servicio antes de las 12 semanas, puedes argumentar que no tuviste acceso a tiempo.
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«Incluso está esta creencia de parte del personal que después de las 12 semanas no se puede, que es muy riesgoso, que es imposible, de plano, cuando en realidad no, o sea, se puede llevar a cabo en cualquier semana del embarazo, y siempre un aborto va a ser más seguro que un parto», sostuvo.
Añadió que, si los hospitales ya tienen la infraestructura para atender partos, también la tienen «para que las personas también puedan tener abortos avanzados«. EFE
