Unas 2 mil personas se dieron cita para dar el último adiós al sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez y exigir justicia por su asesinato, un caso por el que ya hay una persona detenida y que fue elevado a la fiscalía federal, lo que implica que está presuntamente relacionado con el crimen organizado.
Las 2 mil personas caminaron en las calles de San Andrés Larráinzar, el pueblo natal del sacerdote, donde se celebró la misa de cuerpo presente para dar el último adiós al religioso tzotzil, reconocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de violencias, y que fue asesinado en San Cristóbal de las Casas el domingo después de celebrar una misa.
Según explicaron durante la misa, se estaban realizando ceremonias paralelas en zonas de la frontera como Comalapa o Chicomuselo, fronterizas con Guatemala, en donde la población vive asediada por el crimen organizado, por lo que no puede salir de esa región para unirse a los homenajes.
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“¡Justicia para Marcelo!”, gritaba la gente en San Andrés Larráinzar, entre vivas al “Padre Marcelo” y a la paz.
La Iglesia Católica ya dejó claro que su exigencia es dar no sólo con los autores materiales del asesinato, sino con los intelectuales y que se actúe contra los grupos armados que operan con impunidad en la región.
“Ya es un hecho muy significativo que este crimen lo acaba de asumir el gobierno federal”, dijo el obispo emérito Raúl Vera, uno de religiosos mexicanos más activistas y combativos, que celebró el martes la misa previa al entierro del sacerdote tzotzil.
“Trabajemos contra los abusos de los que están en los poderes políticos y económico, contra los que no tienen vergüenza, contra los que pagan asesinos para acallar voces como el padre Marcelo” que no solo escuchaba, sino que se movía y denunciaba, clamó el obispo.
La fiscalía de Chiapas dijo que dio con el presunto autor material del homicidio ocurrido el domingo gracias a rastreos de cámaras de seguridad, trabajos de inteligencia y las declaraciones de testigos antes de pasar las pesquisas a la Fiscalía General de la República.
La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo su apoyo a la estrategia actual de seguridad, aunque, según el cardenal Felipe Arizmendi, esa política “no ha funcionado”.