En una decisión histórica, la jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida emitió este lunes una sentencia civil que obliga a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y a su esposa Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero.
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El fallo, dictado sin juicio previo debido a la reiterada incomparecencia de los acusados, establece que García Luna deberá restituir 748 millones, mientras que Pereyra —a quien se considera clave en la ocultación de activos— enfrentará una sanción aún mayor, por 1,740 millones de dólares.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en representación del gobierno mexicano, expuso que el exfuncionario operó, entre 2012 y 2018, una red de contratos irregulares en el sector de seguridad, mediante los cuales desvió al menos 250 millones de dólares. Esa cantidad se multiplicó a través de sobrecostos, comisiones ilegales y triangulaciones, hasta superar los 580 millones de dólares, los cuales fueron transferidos al sur de Florida para ser ocultados en propiedades, empresas pantalla y cuentas bancarias.
Ni García Luna, actualmente preso en Nueva York por narcotráfico, ni Pereyra, quien ignoró múltiples citatorios judiciales y perdió a su abogado durante el proceso, respondieron formalmente a la demanda presentada en 2021. Ante su silencio, la jueza concluyó que los acusados admitieron implícitamente los cargos y ordenó la sentencia por rebeldía judicial.
Con esta decisión, el gobierno mexicano queda autorizado para confiscar activos en Florida y otras jurisdicciones cooperantes. Entre los involucrados figuran los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, aún en negociación con la UIF, y José Francisco Niembro, exfuncionario que ya pagó una suma menor como compensación.
Aunque la recuperación total de los fondos será difícil, dada la dispersión de bienes en fideicomisos opacos y propiedades revendidas, el caso marca un precedente relevante en la colaboración entre México y Estados Unidos para rastrear recursos públicos desviados.
Además, la Fiscalía mexicana mantiene vigente una orden de aprehensión contra Cristina Pereyra por lavado de dinero y delincuencia organizada.