La Administración para el Control de Drogas (DEA) se unió a redadas masivas en Chicago y el sur de California, marcando un cambio en los operativos migratorios tras las nuevas órdenes emitidas por la administración del expresidente Donald Trump. Estas directrices establecen cuotas diarias de hasta 1,500 arrestos de migrantes, según fuentes oficiales.
Ampliación de operaciones interinstitucionales
Por primera vez, agentes de la DEA colaboraron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en redadas conjuntas, como parte de un esfuerzo interinstitucional que también involucra al FBI, ATF, CBP y otras agencias federales. En Chicago, el zar de la frontera, Tom Homan, lideró un operativo y advirtió que estas redadas se ampliarán a todo el país.
En tanto, en Los Ángeles, la DEA confirmó su participación y divulgó imágenes y videos que muestran a agentes en acción, en un movimiento que busca reforzar la seguridad pública y nacional mediante la detención de migrantes en situación irregular.
Cuotas y objetivos de las redadas
Las redadas se intensificaron tras un memorándum del expresidente Trump que prioriza la deportación de migrantes bajo libertad condicional humanitaria que ingresaron a partir de mayo de 2023, muchos de ellos mediante la suspendida aplicación CBP One. Además, la medida afecta a residentes legales que han perdido su estatus migratorio por estar detenidos, lo que podría sumar hasta 1.1 millones de personas susceptibles de deportación inmediata.
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Según el ICE, los agentes de campo tienen la orden de realizar 75 arrestos diarios, y la responsabilidad de alcanzar estas metas recae en los supervisores. La agencia estima que en Estados Unidos hay aproximadamente 7.8 millones de personas elegibles para deportación, mientras que el objetivo general planteado durante la administración Trump apunta a la expulsión de hasta 11 millones de migrantes.
Declaraciones y reacciones
El ICE justificó las redadas señalando que buscan “mantener a extranjeros potencialmente peligrosos fuera de las comunidades”. Este tipo de operativos ha generado polémica debido a la percepción de que se está criminalizando a grandes sectores de la población migrante, incluidos aquellos en libertad condicional.