La sede de la Iglesia Católica inició acciones legales ante los tribunales de Malta “contra diversos sujetos” por una estafa que sufrió el Instituto para las Obras de Religión, conocido coloquialmente como el “Banco Vaticano”, y que le provocó daños económicos “significativos”.
De acuerdo a Greg Burke, portavoz de la sede de la Iglesia Católica, el caso surgió tras la inversión de unos 17 millones de euros (unos 20.2 millones de dólares) realizada en 2013, aunque la afectación sufrida “aún debe ser cuantificada por la magistratura de Malta”.
“La denuncia demuestra la voluntad de investigar las responsabilidades por los abusos del pasado”, agregó.
Con esas palabras, destacó un comunicado en el cual el IOR informó de la acción civil presentada “en los últimos días” ante las autoridades competentes.
“Esta iniciativa confirma el compromiso en favor de la transparencia asumida por el IOR de denunciar, en las sedes competentes, las potenciales irregularidades cometidas contra él y de tomar, como en este caso, cualquier medida apropiada para proteger sus intereses financieros y su reputación también fuera de las fronteras de la Ciudad del Vaticano”, añadió la nota.
Burke prefirió no dar más detalles por tratarse de un proceso legal en curso.
Esta denuncia llega justo cuando se acerca la conclusión del juicio en los tribunales vaticanos contra dos ex funcionarios del hospital “Bambino Gesù” (Niño Jesús) acusados de desvío de recursos por 422 mil euros (502 mil dólares).
La víspera, el promotor de justicia (fiscal), Roberto Zanotti, pidió una condena de tres años de cárcel para Giuseppe Profiti, ex presidente de la fundación del hospital, por considerarlo culpable de pagar con dinero de ese ente la restructuración del apartamento del cardenal Tarcisio Bertone.
Además, solicitó al tribunal la aplicación de una multa de cinco mil euros y la interdicción perpetua para ocupar cargos públicos en el Vaticano. Esto tras denunciar la existencia de un “sistema opaco”, “de silencios” y “mala gestión” de los recursos en el hospital.
Los cargos contra el otro imputado y ex tesorero, Massimo Spina, fueron desestimados.
La fiscalía aseguró que el constructor encargado de la restructuración del departamento, Gianantonio Bandera, fue pagado dos veces por su trabajo: una por parte de la Gobernación del Vaticano y otra por parte de la fundación.
Aunque Bandera sólo fue convocado como testigo al proceso y “no hay prueba” de su colusión con Profiti, los fiscales subrayaron que “obtuvo un enriquecimiento injustificado y “tal vez alguien debería tocar a la puerta de sus empresas para obtener la devolución”.
Tras la arenga de la fiscalía, tocará el tiempo a la defensa, que tomará la palabra en la próxima audiencia, prevista para el sábado 15 de octubre. Luego el tribunal deliberará la sentencia.
Fuente: Staff