Al empecinamiento de Donald Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, así como de romper la relación comercial entre ambos países, ha de unirse la intención de Trump de perseguir y deportar a los inmigrantes ilegales mexicanos. Ante estos ataques continuos, la comunidad mexicana ha decidido responder para defender así sus intereses. Un ejemplo de esto ha sido el informe presentado en el Colegio de México por Bernardo Sepúlveda, ex miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Este informe consta de 25 puntos en los que se articula la defensa jurídica del país azteca ante los continuos ataques del presidente estadounidense y que ha comentado en una reciente entrevista para la CNN.
Sepúlveda considera que esta defensa debe tener un doble planteamiento, tanto político como jurídico que permita proteger así los intereses de la comunidad mexicana. El diplomático considera que el pilar fundamental para garantizar el respeto de los derechos de los mexicanos es condenar el que se identifique a los inmigrantes mexicanos con delincuentes, lo que es «condenable e impugnable».
Para Sepúlveda es importante utilizar los instrumentos jurídicos que están al alcance de los mexicanos para impugnar esta criminalización de los inmigrantes mexicanos. «Estos instrumentos son la propia Constitución estadounidense y los tratados internacionales que estados Unidos ha subscrito en contra de la discriminación». El primero de estos tratados sería el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el que se establece la defensa de los derechos inalienables del individuo, y que además ha creado precedentes por los cuales los derechos recogidos por la Constitución de Estados Unidos son aplicables a todos los ciudadanos que se encuentren en el país, sea legal su condición o no. De esta forma, los mexicanos podrían acudir ante un tribunal estadounidense para reclamar la legítima protección de sus derechos.
Respecto al segundo tratado se trata del La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que establece una serie de mecanismos para la protección contra la discriminación. Sepúlveda recalca que estos tratados han sido ratificados por Estados Unidos y que forman parte de su jurisprudencia por lo que los ciudadanos mexicanos pueden acogerse a ellos ante lo que es una flagrante violación de sus derechos. Estos tendrían dos opciones para pedir la aplicación de dichos tratados: por un lado los propios tribunales estadounidenses y por otro los foros internacionales que velan por el cumplimiento de dichos pactos.
Dos vías de actuación
El estado mexicano tendría dos posibles vías para pedir que se respeten los derechos de sus conciudadanos. La primera sería reclamar la defensa de las libertados de la comunidad mexicana que se encuentre en suelo estadounidense en su conjunto. Por otro lado, también está la posibilidad de que México ayude en sus reclamaciones a cada ciudadano de forma individual. No obstante, Sepúlveda señala que lo verdaderamente importante es que el Estado mexicano «actúe». La defensa de los conciudadanos es una tarea magna, pero sin embargo ejecutable» añade.
Además el diplomático recuerda que hay letrados profesionales, entre los que se encuentran alguno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Estados Unidos que están decididos a pelear por que se garanticen los derechos de los ciudadanos mexicanos, incluso de forma altruista. «Cuando Trump firmó el primer veto migratorio, uno de los bufetes más importantes de estados Unidos me informó que movilizó a 100 de sus abogados para que se garantizase el respeto a los derechos de estas personas.
Pese a la determinación de Trump, puede que sus planes encuentren más oposiciones de los que el pensaba. Además, la comunidad mexicana tiene los instrumentos necesarios para que se garantice el respeto a sus derechos, por mucho que el presidente estadounidense se empeñe en violarlos continuamente.
Fuente: EconomíaHoy