Cuando el presidente electo Donald Trump tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero, tendrá en las manos una larga lista de potenciales conflictos de intereses, sin precedentes en la historia de Estados Unidos. El magnate posee un conglomerado de empresas con negocios en otros países, así como vínculos en mercados financieros internacionales y contratos en el extranjero que podrían influir en cualquiera de sus decisiones en materia fiscal, de política exterior y de seguridad nacional.
Trump se ha negado a adoptar la única solución a este problema. El empresario podría crear un fideicomiso ciego, por el que cedería la gestión de sus posesiones y negocios a otra persona, sin posibilidad de obtener información sobre ellos. Esa separación entre él y sus empresas evitaría los potenciales conflictos que surjan cuando sus intereses comerciales choquen con los de EE UU. El magnate sí ha considerado ceder esa responsabilidad a sus hijos Donald, Eric e Ivanka, pero eso conlleva que estarían negociando acuerdos internacionales llevando el apellido del presidente.
El conflicto de intereses se enreda aún más porque el presidente electo no ha publicado sus declaraciones de impuestos de los últimos años, rompiendo con la tradición de los candidatos a la presidencia. Esos documentos hubieran revelado las fuentes de ingresos de Trump dentro y fuera del país, pero el republicano se negó a facilitarlos con la excusa de que está siendo auditado por la Hacienda estadounidense —aunque la auditoría no impide hacer pública la información—, una institución que funcionará bajo su mando a partir del 20 de enero.
La legislación de EE UU exige a sus presidentes hacer públicos sus bienes, pero pueden mantener en secreto sus declaraciones de impuestos, los préstamos que reciben de bancos extranjeros, sus inversiones en otros países o los acuerdos para construir infraestructuras fuera de sus fronteras. Y, a pesar de que los congresistas sí deben abandonar toda negociación que pueda afectar al funcionamiento de sus empresas, esa misma norma no afecta a los presidentes. Jimmy Carter y George W. Bush sí dimitieron de los consejos de administración de sus empresas antes de tomar posesión en Washington para evitar una situación como la que ahora enfrenta Trump.
Según una investigación del semanario Newsweek, el presidente electo posee un entramado de centenares de empresas que le ha llevado a construir edificios con su sello en Turquía, India, Corea del Sur y Azerbaiyán, y también es beneficiario o posee acciones en fondos con sede fiscal, entre otros, en República Dominicana. Su proyecto inmobiliario en Azerbaiyán, paralizado según Trump durante la campaña electoral, cuenta entre sus socios con Anar Mammadov, hijo del ministro de Transporte de Azerbaiyán.
En Rusia colaboró con Felix H. Sater, que, de acuerdo con informaciones de The New York Times, le puso en contacto con el fundador de una constructora que llevó a potenciales inversores a reuniones con Trump en su oficina en Nueva York. La misma firma “recibió ocasionalmente inyecciones no identificadas de efectivo desde cuentas en Kazajistán y Rusia”, afirma el Times.
Otro de sus prestamistas internacionales, el Banco de China, también podría generar conflicto. Según otra investigación del Times, la institución del Gobierno chino concedió un préstamo de 950 millones de dólares (unos 884,5 millones de euros) para realizar un proyecto a un grupo de empresas, entre ellas una propiedad de Trump, que se llevó el 30% de ese dinero.
La ley estadounidense prohíbe que cualquier empleado federal —incluidos los presidentes— reciban regalos de gobiernos extranjeros, y Trump podría chocar con la legislación si una de sus empresas es destinataria de este tipo de préstamos mientras él ocupa la Casa Blanca.
En Corea del Sur, Newsweek descubrió que Trump se asoció con la constructora Daewoo Group, que se declaró posteriormente en bancarrota entre acusaciones de corrupción. En India, el ministro de un Estado del suroeste del país se negó a cambiar la regulación para favorecer las inversiones de la Trump Organization tras recibir una petición del hijo del presidente electo, según la misma publicación. Y en Turquía —aliado de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico—, su empresa firmó una colaboración con el Dogan Group para poner el nombre de Trump en dos rascacielos de Estambul.
Fuente: El País