No coman ansias, si El Chapo se va, no será pronto. El traslado sorpresivo del capo al peor de los 21 penales del sistema penitenciario federal –según la CNDH– no es preámbulo inmediato a su extradición.
Tampoco una maniobra inocua.
Al CEFERESO Número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el temido personaje llegó de madrugada acompañado de una comitiva de más de cien elementos de las Fuerzas Federales, policías estatales y locales, con todo y perros.
La versión oficial dice que el traslado de El Chapo se debió a trabajos de “remodelación” del penal del Altiplano y al programa de rotación de reos que nunca había tocado al “jefe” del Cártel de Sinaloa.
Los malpensados, aseguran que el gobierno previene otra intentona de fuga y la mudanza se precipitó tras fallas eléctricas registradas en el reclusorio la semana pasada.
Será el sereno, pero el “sorpresivo” viaje tomó a la defensa con los dedos en la puerta. El sabadazo movió al abogado José Refugio Rodríguez a denunciar violaciones a los Derechos Humanos de su cliente y alertó sobre una extradición exprés sin respeto a las formas y plazos de ley.
Llama la atención que el defensor se oponga a lo que semanas antes utilizaba como arma para presionar a las autoridades federales.
Horas antes del traslado de El Chapo al penal de Juárez, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la CDMX, emitió una opinión favorable al traslado de Guzmán Loera a San Diego, California, para responder por 79 delitos vinculados al tráfico de cocaína, y delincuencia organizada. Existe otra petición de un tribunal texano donde acusan a Guzmán de homicidio.
Según el artículo 33 de la Ley de Extradición, la decisión del Juez deberá ser notificada al afectado, quien tendrá la posibilidad de presentar una apelación. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene 30 días hábiles para analizar el expediente y resolver «en definitiva si procede o no la extradición»… y la defensa otros tantos para promover el amparo que lo impida.
El viaje sin retorno de El Chapo a EU podría tardar algunos meses, aún cuando al presidente Peña Nieto lo apremie la urgencia.
EL MONJE APRENSIVO: El Jefe Beltrones ejecutó a tres aspirantes priistas a alcaldes en Tamaulipas. Reyes Zúñiga Vázquez, en Hidalgo, Luis Cesareo Aldape Lerma, en Mainero, y Gustavo Estrella Cabrera, en Villagrán. La falta: narco nexos; aún no han sido denunciados ante la ley pero Manlio tiene indicios para “botarlos” y no “votarlos”. ¿El fantasma de “Abarca” les jaló las patas?