De todos modos, más temprano que tarde la mariguana será legalizada; la Suprema Corte ha dado un paso irreversible como abogado defensor de la Constitución y los Derechos Humanos; hay que entenderlo.

“La pregunta es cuál será el modo de reglamentarla; cuál la estrategia del gobierno para tratar el complejo problema de salud pública que implica su despenalización; cuál el modelo que adoptaremos para tratar el consumo y el comercio de esta droga (…) es necesario debatir; ya no hay tiempo para postergar el acuerdo indispensable” comenta el analista Jesús Silva-Herzog Márquez.

El fallo del máximo tribunal plantea el debate en nuevos términos. Ante lo inevitable  habrá de enfrentarse la realidad para explorar la regulación para el uso del enervante; reconstruir el marco normativo y reencauzar la política pública; “debe definirse una alternativa contra el prohibicionismo”, recomienda el Ministro José Ramón Cossío.

Al Presidente de la República le disgusta la idea en lo personal pero cumple su deber al llamar a un debate ineludible en lo institucional. Entiende la importancia del amparo otorgado a cuatro ciudadanos del conglomerado SMART; corrige la primera reacción de Los Pinos; reconoce la relevancia de la resolución del Poder Judicial. “Hay que ver cuanto antes los alcances médicos y sociológicos, y escuchar las voces de los especialistas”.

La discusión debe centrarse en un diagnóstico certero y el diseño de políticas públicas que informen y eviten que el consumo de la mariguana se transforme en un problema de salud pública.

A estas alturas, no caben la estrechez de criterio ni las manías burocráticas para lograrlo.

La droga está en las calles, al alcance de cualquiera, pero sus efectos sociales permanecen ocultos. Hasta hoy se han tomado decisiones con base en prejuicios o ideas preconcebidas, sin datos duros y con eficacia cuestionable.

Regular el uso de la mariguana puede ser mucho más efectivo que prohibirla… y perseguir como criminales a quienes la consumen.

EL MONJE LOCO: No hay embarazos a medias. CNDH reclama a PGR el cumplimiento total de 26 recomendaciones –sin respuestas a medias–para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No se vale atender, acatar y ceder sólo a las presiones derecho-humanistas de fuera, ignorando a la institución nacional de los Derechos Humanos; ser candil de la calle mientras hay oscuridad en la casa.  El reclamo de la CNDH no es menor; vaya un palo a la PGR para ver si entiende que no entiende.