En todo gran episodio político-criminal suele haber un personaje que concentra más preguntas que respuestas. En el caso del vuelo que llevó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense, ese personaje no es uno de los capos. Es el piloto.
El 25 de julio de 2024, un Beechcraft King Air 200 aterrizó en el Doña Ana County International Jetport, cerca de Santa Teresa, Nuevo México. A bordo iban dos figuras centrales del Cártel de Sinaloa. Pero, hasta hoy, la identidad del hombre que habría llevado el avión sigue envuelta en una conveniente neblina institucional.
El nombre que aparece una y otra vez es Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, piloto privado y señalado como cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Fuentes citadas por Los Angeles Times sostienen que él habría tripulado la aeronave. La Fiscalía General de la República, por su parte, dijo haberlo identificado por la voz cuando pidió instrucciones a la Torre de Control de Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos.
Ahí empieza el problema. Si la autoridad mexicana tenía elementos para identificarlo, ¿por qué no existe una explicación pública, completa y verificable sobre lo que ocurrió después del aterrizaje? ¿Quién confirmó su identidad? ¿Fue interrogado? ¿Qué información se compartió entre México y Estados Unidos? En un caso de esta magnitud, los silencios no son simples omisiones: son parte de la historia.
La ruta posterior tampoco ayuda a despejar dudas. Estados Unidos lo habría devuelto a México sin que se conozcan las condiciones de esa entrega. En México fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Culiacán por delitos federales. Meses después, el 12 de agosto de 2025, fue enviado nuevamente a Estados Unidos bajo la Ley de Seguridad Nacional, junto con otros 25 acusados. Demasiados movimientos oficiales para tan poca claridad pública.
Lo más inquietante no es sólo la posible identidad del piloto, sino la resistencia oficial a nombrarlo con todas sus letras. La FGR evitó hacerlo en sus comunicaciones públicas. Y cuando una autoridad elude nombrar a una pieza clave, lo que queda no es prudencia procesal: queda sospecha. Porque la pregunta de fondo no es sólo quién piloteó aquel avión. La pregunta es por qué, si la autoridad lo tenía identificado y bajo control, terminó fuera de su alcance. En la respuesta puede estar una parte decisiva de la verdad que todavía no se quiere contar.