Eduardo Andrade Sánchez
Desde hace veinte años, cuando el PRI perdió por primera vez el control mayoritario de la Cámara de Diputados y su bancada en el Senado llegó a considerar la posibilidad de no instalarse para la apertura del periodo ordinario de sesiones, en la que se recibía el informe, todavía rendido en persona por el Presidente, no se producía una situación crítica que pudiera afectar las labores del Poder Legislativo, como es la pretensión de impedir la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la amenaza de mantener esa parálisis en tanto no se suprima el “pase automático” por virtud del cual el actual Procurador de la República se convertiría en Fiscal autónomo para los próximos nueve años.
Hace dos décadas imperó finalmente la sensatez y el Congreso inició formalmente sus sesiones, ojalá y lo mismo está sucediendo el día de hoy cuando el lector vea estas líneas que fueron escritas ayer, antes de conocer el desenvolvimiento de las negociaciones que hubieran podido desatorar el impasse. De cualquier modo, el asunto merece un análisis cuidadoso por las implicaciones que tiene una norma que fue diseñada para teóricamente impulsar los consensos, pero que en la práctica se convierte en un incentivo para una presión minoritaria que alcanza visos de chantaje. El requerimiento de los dos tercios de los votos para la elección de la Mesa, privilegia el “minoriteo” al otorgar a una minoría una especie de derecho de veto que puede producir inestabilidad constitucional. Ese tipo de votación ya en el pasado impidió por largos meses la designación de consejeros del entonces IFE, si bien el Consejo, aunque incompleto, podía seguir funcionando, pero la Cámara no puede efectuar sus trabajos sin directiva, esta es indispensable para que se realicen las sesiones.
El caso actual me parece más grave que el referido al principio, pues entonces había fuertes tensiones entre partidos contrarios, pero ahora la crisis ha surgido por diferencias internas en un partido, ya que la los líderes parlamentarios del PAN se consideran traicionados por algunos de sus miembros que en el Senado votaron, para presidirlo, por el también panista Ernesto Cordero, desafiando las indicaciones de su dirigencia nacional.
Ese conflicto es evidente, pues los propios panistas lo ventilaron públicamente en ambas cámaras, pero se le pretende envolver en una protesta contra el “pase automático”. Lo inverosímil de esta postura es que ese “pase” ya fue aprobado por los diputados previamente, incluso en la Legislatura a la que pertenecía el actual presidente del PAN, de modo que el planteamiento consiste en pedirle a la colegisladora que rechace lo que ya le enviaron los diputados como texto aprobado. Ello constituye un absurdo que atenta contra el sistema bicameral en el que cada Cámara debe asumir su responsabilidad.
Y no es que uno se escandalice por las tensiones propias de la vida parlamentaria. Aunque no es lo ideal, se entiende que estas lleguen al extremo de presionar hasta con tomas de tribuna para intentar bloquear una decisión sobre lo que se discute al interior de un cuerpo legislativo, pero lo que sí parece escandaloso es el tomar como rehén a una institución de la República para intentar cambiar la determinación ya tomada por el propio órgano que protesta, dando al traste con la funcionalidad constitucional que los legisladores tienen el deber de preservar. Si no se impone la razón el asunto podría desembocar en una controversia constitucional potencialmente planteada por el Ejecutivo ante la Suprema Corte.