Carlos Urdiales
Sobre la marcha
La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, promueve a través de medios de comunicación mexicanos y pautas digitales, la amenaza de cazar a todo migrante indeseable que pretenda entrar a su País.
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Que el gobierno que encabeza Donald Trump esté en ello es su potestad. La difusión de una campaña con spots pagados en televisión y lo que se conoce como “programática”, que es la inserción automática de anuncios en plataformas, sitios y aplicaciones digitales que ofrecen empresas como Google.
Moralmente reprobable para la presidenta Sheinbaum. Legalmente factible porque como explicó ayer la mandataria en su conferencia mañanera, durante la administración de Peña Nieto se retiró un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones que prohibía a concesionarios y permisionarios de radio y televisión en el País, transmitir propaganda política, ideológica o comercial proveniente de gobiernos extranjeros, o permitir que los medios a su cargo fueran utilizados para influir en asuntos internos.
La presidenta Sheinbaum pedirá que dicha campaña sea retirada. Seguramente así sucederá. Probablemente la televisión privada -concesionada- retire dichos mensajes, antes incluso de que la autoridad determine el mecanismo legal conducente.
Interesante observar cómo harán todos los sitios de internet que permiten el pautado automático de anuncios, por parte de Google, que se distribuyen por algoritmos de alcance. Cómo bloquear esas inserciones que, como el resto de la llamada “continuidad programática”, monetizan esa publicidad.
El anuncio del Homeland Security de Estados Unidos es una amenaza pública para inhibir la migración. Que un gobierno extranjero decida hacer de una restrictiva política interna, una campaña publicitaria global, abre la conversación pública sobre lo que se puede o debe regular en cuanto a contenidos pagados en medios de comunicación
convencionales o digitales y sus distintas normas y órganos reguladores.
Y el debate llega justo cuando el segundo gobierno de la 4T procesa en el Legislativo, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La división al interior de las corrientes guindas, entre claudistas y lopezobradorista, se centra en si se puede o se debe devolver al gobierno las facultades de censura, castigos y premios a los operadores de los medios concesionados del Estado a particulares.
Entre los cercanos a la Presidenta hay mesura en cuanto a sepultar al IFT y que sus atribuciones y sobre todo, su capacidad técnica, se incrusten en el austero pero leal -a la 4T- organigrama de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones.
Del otro frente, los duro
s están por la revancha ideológica, por la nostalgia del presidencialismo revolucionario o transformador, por terminar la encomienda de AMLO y acabar con toda instancia del Estado que les parezca despreciable e incorregible.
Determinaciones colegiadas o improntas del poder en turno respecto a los medios. La xenofobia de Trump alimenta la discusión aquí. Por demás pertinente y necesaria.