La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un incidente de imposibilidad real, jurídica y material, para cumplir con el mandato un Tribunal Colegiado que ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.

El documento firmado por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR, fue presentado este jueves ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, que preside el magistrado Sabino Pérez García.

El asunto está en estos momentos en el Tribunal Unitario, porque es quien deben acatar la resolución del Primer Tribunal Colegiado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, quien además de ordenar la creación de dicha comisión, emplazó para que se les reponga el procedimiento a siete personas que presuntamente participaron en el ataque, secuestro, homicidio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero.

El incidente de la PGR fue presentando sólo por lo que hace el caso de Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y tres personas más que presuntamente forman parte del grupo criminal Guerreros Unidos, quien obtuvieron la protección de la justicia dentro del juicio de amparo 203/2017, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado con residencia en Reynosa, Tamaulipas.

Aún falta, que la PGR interponga los mismos recursos en los juicios de amparo de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Salvador Reza Jacobo, El Wereke, y Gildardo López Astudillo, El Gil.

El escrito y dos anexos de la PGR, fue entregado por los agentes del Ministerio Público Federal, Carmen Lucía Sustaita Figueroa e Ignacio Gilberto Silva Hernández.

“Por otra parte, a efecto de estar en posibilidad de notificar el presente proveído a las personas a quienes se les reconoció el carácter de víctimas en la causa penal 124/2014, gírese atento oficioso vía sise, al juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, para que en el término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe el nombre y domicilio de los representantes de dichas víctimas. Debiendo rendir el informe correspondiente, por la misma vía sise”, detalla el acuerdo del magistrado Sabino Pérez en el juicio de amparo 177/2015.

Ayer, los procuradores y fiscales de justicia del país se pronunciaron contra la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala, porque dijeron que no es la autoridad facultada y solo provoca una afectación al orden jurídico nacional.

“El pronunciamiento lo que hace es ver eso, precisamente un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que se dictó; un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una Comisión de Justicia y Verdad”, declaró Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México.

En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Víctor Carrancá, fiscal general de Puebla, y vocero de los titulares de procuración de justicia, dijo que el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público.

La resolución de Colegiado ordenó reponerles el procedimiento y que peritos independientes les practiquen el Protocolo de Estambul.

Las personas mencionadas fueron señaladas por la PGR de ser los principales responsables del secuestro, homicidio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyos cuerpos fueron calcinados y sus cenizas lanzadas al Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

En la sentencia, el Tribunal Colegiado enfatizó que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala se conformará por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la CNDH y el Ministerio Público de la Federación.

Los fiscales y personal de la PGR que pasen a formar parte de la comisión investigadora, precisa el fallo, deberán ser distintos a los que han participado previamente en el presente caso.

En la sentencia se cita que todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la CNDH. Las diligencias incluso podrán ser practicadas en las instalaciones del organismo de derechos humanos.

También puntualiza que los peritos que participen en la comisión deberán ser independientes y pertenecer a instituciones públicas o privadas.

Fuente: Milenio