El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, envió una octava carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que sostiene que la mandataria fue «mal informada» sobre los señalamientos en su contra por el caso conocido como huachicol fiscal.
En el documento, Farías Laguna afirma que las declaraciones públicas que la presidenta ha realizado durante sus conferencias mañaneras presentan una versión de los hechos que, a su juicio, no corresponde con la realidad procesal de la causa penal 325/2025 que se le sigue. El militar arguye que dichas declaraciones han comprometido su presunción de inocencia y el debido proceso garantizado por la ley.
De acuerdo con el vicealmirante, en su escrito señala la existencia de presuntos funcionarios federales involucrados en la red de desvío y contrabando de combustibles que, hasta ahora, no han sido llamados a rendir cuentas ante la justicia y que continúan en activo. Farías exige acceso completo al expediente de investigación que conduce la Fiscalía General de la República, así como la participación de la Secretaría de Marina en la entrega de información que considera determinante para su defensa.
Esta es la octava ocasión en que el militar detenido dirige una carta directamente a la titular del Ejecutivo federal en busca de una respuesta institucional. En misivas anteriores, Farías Laguna había solicitado la revisión de su caso, denunciado obstáculos para acceder a pruebas y advertido sobre irregularidades en el proceso.
Por su parte, la Presidencia de la República no emitió un posicionamiento oficial específico sobre este nuevo escrito. En oportunidades previas, la presidenta Sheinbaum señaló que las cartas recibidas son turnadas a la Fiscalía General de la República y reiteró que, según la información con la que cuenta el gobierno federal, el vicealmirante tendría responsabilidad en la trama de huachicol fiscal.
El caso de Farías Laguna forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red de defraudación fiscal vinculada al mercado ilícito de combustibles, que derivó en su arresto y posterior traslado al Altiplano, uno de los penales de mayor seguridad del país.