Fabrican periodistas nuevo escándalo Peña-Trump

Son falsas las versiones periodísticas de que Trump amenazó a Peña con invadir México para combatir a los Bad Hombres –criminales narcotraficantes– a menos que el Ejército haga un mayor esfuerzo por detenerlos.

Según el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, la versión que refiere el amago como un acto hostil y humillante de parte de Trump, es falsa, aunque sí reconoce que ambos mandatarios defendieron sus posturas y expresaron sus diferencias durante la conversación telefónica del viernes pasado, en la que Peña estuvo asesorado por el canciller Luis Videgeray.

La filtración difundida por la periodista Dolia Estévez y la agencia de noticias Prensa Asociada, citando un extracto de la transcripción de la llamada, es fantasiosa. La Casa Blanca no da crédito a la versión, comentó el funcionario de Los Pinos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante un comunicado, refutó ambos reportes periodísticos, basados en “absolutas falsedades que no corresponden a la realidad”.

¿Entonces, de dónde viene el invento?; ¿quién lanzó el dardo envenenado a Prensa Asociada y a la corresponsal Dolia Estévez?; ¿quién quiere mostrar al Presidente de la República como un pelele “apanicado” por los gritos del ogro que habita la Casa Blanca?

A estas alturas de larga distancia real entre ambos presidentes, nada parece accidental. Los periodistas si acaso, han sido utilizados en beneficio de una agenda misteriosa… y no menos perversa.

EL MONJE CONTROVERTIDO: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), viola libertades; cree que la audiencia de radio y televisión es idiota y no rechaza que alguien le diga lo que tiene que escuchar o no escuchar. Eso deberían haberlo sabido en el Congreso de la Unión, antes de aprobar Ley en Defensa de las Audiencias, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) antes de reglamentar sus lineamientos. Los comisionados del IFT estan a punto de tomarse muy a pecho la tarea de aplicar, con todo rigor, ordenes con tufo soviético, dizque en afán de proteger a los consumidores de informaciónes y opiniónes expresadas a través de los medios electrónicos. En los hechos, el IFT pretende censurar a los medios de comunicación, y sus informadores, de manera burda, obligándolos a distinguir entre información y opinión, con criterio burocrático, lo cual se convertiría en un atentado contra el derecho humano a la información, y poner en contradicción la libertad de expresión, ambos, consagrados en la Carta Magna; además de transgredir atribuciones exclusivas del Presidente de la República. Eso alega el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal para justificar la primera controversia presidencial contra el Congreso, por haber aprobado un mamotreto jurídico, viciado de origen. Por cierto, la controversia presidencial, junto con otra interpuesta por el Senado, ya ha sido admitida por la Suprema Corte. Al IFT sí compete velar por el desarrollo y el avance en las telecomunicaciones, tratar de hacerlas universales, que todo mundo tenga acceso a la infraestructura y dar lineamientos para cuidar el espectro… pero lo suyo no debe ser precisamente meterse con los contenidos. Al permitir la denuncia indiscriminada de dichos controversiales, el IFT abre la puerta a la violación de la propia ley, al uso mañoso de la queja de quienes reclamen agresión de los medios –políticos de piel delgada, por ejemplo– lo que daría a inicio un sinnúmero de litigios, muchos con intereses ocultos, que pondrían en jaque a comunicadores y empresarios de los medios. El IFT, que no es un órgano legislativo, manda al diablo la salud democrática que ha de enriquecerse con la diversidad de las ideas. Cualquier intento de promover información desinfectada, incolora, inodora, insípida es un acto de censura; una auténtica mordaza.