Andares Políticos
Benjamín Torres Uballe
En medio de la alarmante crispación entre la CNTE y el gobierno federal, de este último se generaron acciones que nada bien cayeron entre la sociedad: el aumento a las gasolinas y a las tarifas eléctricas que, además de impopulares y cuestionables en el aspecto técnico, exhiben verdades a medias que en su momento vendió el aparato oficial.
A pesar de la caída en los precios internacionales del petróleo, los consumidores mexicanos jamás vieron reflejado en el costo de las gasolinas reducción alguna. Lo “mejor” que hizo la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue detener generosamente por algunos meses los llamados gasolinazos.
Tanto el incremento a los combustibles como el alza al precio de la electricidad permanecieron guardados previamente al proceso electoral de junio pasado. Era necesario generar la impresión de que la reforma energética estaba funcionando y que, efectivamente, beneficiaba a la población.
Hoy, pasados los primeros y dolorosos efectos que dejó la contundente derrota en las elecciones, el gobierno peñista enfrenta necesariamente la realidad económica y social del país, que dista mucho de ser la óptima, y que incluso le acota de manera significativa el ejercicio del poder.
Con algunos datos positivos a nivel macroeconómico, como las reservas internacionales, cuyo monto asciende a 177 mil 334.9 millones de dólares al 24 de junio, una inflación anualizada del 3 por ciento y la entrada récord de remesas enviadas por nuestros paisanos, que se han convertido desde hace tiempo en una de las principales fuentes de ingreso para las arcas públicas, al presidente Peña Nieto le empiezan a incomodar los imperiosos recortes al presupuesto federal.
Sin embargo —como siempre—, resulta más “productivo”, por su inmediatez, castigar otra vez a los consumidores, a ésos que están cautivos y no pueden prescindir de los combustibles y la energía eléctrica. La falta de sensibilidad e imaginación política coloca de nuevo contra la pared al gobierno actual, que se afana en mostrar sus amplias limitaciones para el manejo óptimo de los recursos públicos. Acostumbrada al derroche del erario, la nomenclatura gubernamental prefiere apretar las veces que sean necesarias el cinturón del contribuyente y no el propio.
Objeto de críticas recurrentes y con niveles de aprobación exiguos, en un entorno de alarmante descontento social exacerbado por ciertos sectores radicalizados, al mandatario mexicano parece no importarle demasiado el golpe asestado a los bolsillos de los industriales —en su enorme mayoría conformado por las Pymes—, a un estrato de la sociedad y a los usuarios en general que resentirán los aumento, al usar el deplorable transporte público o sus autos para llegar a los centros laborales.
Mientras los ciudadanos deben pagar forzosamente —vía los aumentos— la incapacidad oficial, los elevados sueldos e innumerables prerrogativas de los funcionarios y sus camarillas, incluso mantener a una numerosa burocracia ineficaz y sobrada, injustificadamente son otra vez ellos los paganos de tales dispendios, ineptitudes y equivocadas decisiones gubernamentales.
Por eso, se justifica el repudio a los aumentos a la gasolina y a la energía eléctrica, porque la administración se va a lo facilón: aumentar los precios de productos y servicios que controla y en los cuales, de facto, carece de competencia. El usuario, entonces, bajo esa consideración, no es sino un simple e indefenso rehén de las arbitrarias decisiones impuestas por el gobierno federal.
No obstante el escenario sumamente complejo que priva en la república mexicana, que mantiene en vilo al semi-estado de derecho, el Presidente, sus huestes de tecnócratas y el ejército de “astutos” asesores no han comprendido a cabalidad que la operación política necesaria debe ser, ahí sí, de gran calado —digo, para usar sus palabritas domingueras—, y que resulta ridículo colocar a un amigo ignorante en la educación pública en una posición estratégica, quien no tardó —mediante un discurso soso y virulento— en generar los pretextos idóneos que la CNTE ansiosamente esperaba para poder complicarle la existencia al Ejecutivo federal y su gabinete completo.
Y eso de que el tiempo se acaba, como lo aseguró el secretario de Gobernación, es francamente relativo. Lo que se acaba es la credibilidad y el prestigio de quienes integran el equipo presidencial.
La encuesta publicada este lunes por El Universal no deja duda alguna acerca de la calidad en el trabajo de Peña Nieto y de aquellos en el círculo más cercano: la desaprobación de la gente entrevistada hacia la gestión del Presidente de la República aumentó a 63 por ciento, es decir, 2 de cada tres lo reprueban. Las cifras —a pesar de lo “manejable” que resultan en ocasiones las encuestas— son un indicador del rechazo a todo lo que tiene aroma al mexiquense y al PRI.
De ahí que no deje de sorprender la sordera del gobierno hacia el clamor generalizado para terminar con la corrupción, la opacidad, la justicia a modo o los eternos e inmorales negocios asociados al uso del poder público. En contraparte, los excesos hacia los gobernados se aplican sin demora y sin tomarlos en cuenta. Por eso el mal humor social se expresa en las urnas.
@BTU15