Colaboraciòn de Francisco Fonseca
La época que vivimos en todo el país es propicia para hablar de “El Ombudsman y la Protección de los Derechos Humanos”, libro del doctor Gonzalo Armienta Calderón, prestigiado jurista, funcionario público, abogado postulante, profesor universitario y promotor de la cultura, fallecido en 2013. El libro en cuestión es tan válido hoy como hace 18 años que vio la luz pública.
La figura del ombudsman ha sido el ideal, y en muchos casos, la utopía de todas las sociedades. Contar con un defensor, un gestor, un orientador, es un sueño punto menos que imposible cuando se encaran circunstancias del orden legal y administrativo. Esto es materia total y absoluta de los derechos humanos. La preocupación por estos derechos se ha mantenido, ya sea por intervenciones humanitarias, ya sea por adopción de tratados internacionales.
En entrevista que concedió en aquel entonces el doctor Armienta a los medios de comunicación, manifestó que la figura del ombudsman nació en el derecho del norte de Europa, concretamente en el sueco. Era un individuo de prestigio indudable que tenía el privilegio de velar por los derechos de la ciudadanía contra las arbitrariedades de las autoridades, y su palabra era ley: así como convocaba a gobernante y gobernado para escuchar sus dichos, dictaba una resolución que, a querer o no, era respetada fielmente. Es una figura que ha perdurado a través de la historia y que en varias cortes monárquicas tenía el cargo de canciller del rey para vigilar el estricto cumplimiento de las leyes. En España tuvo lugar, agrega el doctor Armienta, como el Justicia Mayor de Aragón y era quien defendía las garantías de libertad de los ciudadanos, oponiendo su autoridad muchas veces a la del rey, obteniendo la libertad de presos.
En la interesante entrevista se menciona que la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la misma misión de un ombudsman. El doctor Armienta hace historia diciendo que el primer antecedente de defensa de los derechos humanos en México se da en 1897, en San Luis Potosí, con la grandiosa figura del liberal Ponciano Arriaga, quien presentó al Congreso local la iniciativa para crear la Procuraduría de los Pobres. La publicación de este esquema en los periódicos de la época hizo que una gran cantidad de ciudadanos acudieran a presentar, ante las instancias correspondientes, sus quejas por agravios o arbitrariedades en su contra por autoridades civiles o militares; la defensa o ayuda era gratuita.
En nuestra Carta Magna, en 1917, se toca el tema de los derechos humanos, pero bajo el rubro de garantías individuales. Es decir, agrega el jurista, son los derechos fundamentales del hombre, garantizados: se garantizan los derechos a través de un procedimiento para hacerlos efectivos. También surgieron los procuradores fiscales, que defendían a los indios cuando eran perjudicados en sus propiedades, lo cual era común.
El libro de referencia y la entrevista dejan entrever que la Comisión Nacional de los Derechos humanos es hoy una realidad, tan importante y creciente que ha sido elevada a rango constitucional, consagrándola en el artículo 102, junto con otra figura social: el Ministerio Público.
El destino del individuo, del ciudadano, puede estar todavía en la práctica, a merced del Estado, pero ello constituye también un problema que merece una preocupación internacional continua y creciente.