La balanza de la Suprema Corte de Justicia de México quedará a partir del año que viene algo más inclinada hacia el lado conservador. La designación de dos nuevos magistrados altera ligeramente los equilibrios del tribunal constitucional mexicano, que en los últimos años ha protagonizado un puñado de decisiones históricas en la ampliación de derechos civiles. Las salidas de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, ambos de perfil progresista, serán suplidas por Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, dos juristas de gran prestigio académico y profesional, pero sin el sesgo progresista de sus antecesores.
El senado aprobó este jueves con el voto a favor de PRI -el partido en el Gobierno- y el PAN -la derecha mexicana- las dos candidaturas de entre la terna de seis nombres propuestas a su vez por el Ejecutivo. Tras el revuelo por la última designación del tribunal, las nuevas incorporaciones son interpretadas por los analistas como una apuesta por la moderación y el respeto al poder judicial. En mayo, fue nombrado magistrado Eduardo Medina Mora, fiscal general durante los primeros años de la guerra contra el narcotráfico de los Gobiernos panistas, y embajador en EE UU con Enrique Peña Nieto.
Ninguna de las dos nuevas entradas presenta un perfil tan marcadamente político, mantienen la paridad de género y el equilibrio entre jueces de carrera y juristas ajenos al poder judicial. Norma Lucía Piña, con más de 27 años de experiencia en la judicatura, proviene de un tribunal de circuito, el último escalón del edificio constitucional antes de llegar a la Suprema Corte, y es la tercera vez que aparece en la terna final. En 2012 fue elegida por el panista Felipe Calderón como una de sus candidatas.
“Es muy formalista y un tanto conservadora en su concepción del derecho. Estudio en México y tiene un cierto sesgo nacionalista, que la hace poco curiosa por la jurisprudencia internacional. Tiene un perfil tradicional y muy poco tendente a interpretaciones progresistas”, apunta Saúl López Noriega, académico del CIDE.
Javier Laynez (Coahulia,1956) ha desarrollado por su parte toda su carrera en el lado de la Administración, lo que ha despertado también suspicacias en torno a su grado de independencia. “Desde Zedillo, ha tenido cargos muy relevantes con todos los Ejecutivos y ha sobrevivido, lo que habla a favor de su independencia”, defiende Noriega.
Doctor en Derecho por la Universidad Paris XI Sceaux, durante su paso por la fiscalía pilotó la extradición en 2005 del entonces líder del Cártel de Tijuana, Francisco Rafael Arellano Félix. Su último puesto fue al frente del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa. Los analistas lo consideran más completo y con un potencial mayor que Piña. Un jurista más sofisticado, propicio a interpretaciones liberales en materia de derechos civiles, pero conservador en temas duros como fiscalidad o la responsabilidad del Estado.
La sala segunda del Alto Tribunal ha emitido en los que va de año dos históricas resoluciones. La plena equiparación del matrimonio homosexual y la legalización de la mariguana para fines recreativos. En principio, Laynez entrará a la sala primera, encargada de asuntos administrativos y fiscales; mientras que Piña pasará a la segunda, lo que, según los analistas, podría dificultar la senda iniciada de ampliación de derechos civiles.
Fuente: El País