Caleidoscopio
Colaboración de Guillermina Gómora Ordóñez
“México tiene prisa y las víctimas han esperado demasiado”, así, sentenció Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el grave problema en materia de desapariciones que agobia a México.
La danza de cifras va desde 25 mil 398 reportadas como desaparecidas, con denuncias del fuero común, hasta 557 personas que conforman las indagatorias de personas desaparecidas en el fuero federal, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y lamentablemente, para nosotros, cada día aumenta la estadística, sin que nada, ni nadie logre frenar esta tragedia.
Un drama que hunde en la zozobra a miles de familias, desesperadas por encontrar vivos o muertos a sus parientes y que deben, además, pasar por el viacrucis burocrático de autoridades indolentes que nada resuelven.
Historias, que paradójicamente encadenan a los que se quedaron sumidos en la incertidumbre, para reclamar justicia y una explicación de lo que ocurrió con sus seres queridos y a los que se llevaron o desaparecieron sin saber que les depararía el destino.
De los datos arrojados por el secretariado ejecutivo, se desprende que tres de cada cuatro personas desaparecidas son del sexo masculino, mientras que la cuarta parte restante son mujeres. Los rangos de edad donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de extravío son entre los 15 y los 45 años de edad.
Vidas perdidas que claman justicia sin encontrar eco a su protesta, como lo reconoció el Ombudsman durante la ceremonia en que la religiosa Consuelo Gloria Morales Elizondo recibió, de manos del presidente Enrique Peña Nieto, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, y donde González Pérez, enfatizó que “nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales en esta materia”.
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en territorio mexicano desaparecen 11 personas al día; eso significa, una persona cada dos horas. Cifra por demás aterradora que provoca escalofríos y rabia ante la indefensión en la que vivimos.
Como le sucede a Ezequiel Barajas, que busca a su padre desaparecido, Ángel Barajas, de 46 años de edad, visto por última vez en noviembre de 2014 en la ciudad de Tala, Jalisco a donde viajaba con frecuencia.
Ezequiel, de 20 años de edad, relata que su familia pensaba que estaba en la cárcel, pero al pasar el tiempo la información era nula. “Es un dolor que llevo por dentro; su desaparición me ha destruido sueños, entré en gran depresión y tuve que dejar la escuela”, dijo.
Y como él, miles de sueños e ilusiones rotas e ignoradas por los responsables de garantizar seguridad y procurar e impartir justicia, como lo admitió el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Perez:
“El problema de las desapariciones en México –explicó— es una cuestión dramática, ajena a toda noción de respeto a la dignidad de las personas, cuya magnitud es preciso dimensionar objetivamente. Al día de hoy, aún no podemos contar con información real e integrada conforme a estándares internacionales, que nos permita distinguir los casos que efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o respondan a otras causas. Sin esta información, difícilmente se podrán establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, así como deslindar las responsabilidades correspondientes en cada suceso”.
Vaya diagnóstico tan desalentador por parte del gobierno en sus tres niveles de autoridad para este grave problema que diversas asociaciones civiles han tomado en sus manos con mayor éxito y tacto para evitar la revictimización de los afectados.
Tal es el caso de la hermana Consuelo Gloria Morales Elizondo, fundadora y presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) con sede en Nuevo León y que convoca a romper la impunidad que destruye el tejido social y beneficia a criminales y cómplices involucrados en este delito, tales como policías estatales, federales y militares.
Un esfuerzo sin lugar a dudas valiente y titánico que, a decir de la religiosa, se convierte en un reconocimiento que valora la resistencia y audacia de miles de familia que a pesar del dolor buscan a sus seres queridos y se atreven a denunciar a decir basta y a exigir que todos estemos bajo el imperio de la ley.
Sin duda, una batalla que demanda solidaridad con estas familias a fin de que se sepan acompañadas.
@guillegomora