El secretario de Gobernación no es culpable, pero sí responsable de la fuga de “El Chapo”.
El escenario es muy complicado y el desgaste acelerado por el escándalo del “gran escape” ha convertido al Gobierno Federal en hazmerreir nacional e internacional… sin olvidar los saldos de la noche trágica de Iguala, la matanza de Tatlaya o el “ruido” de “La Casa Blanca de Las Lomas”.
Miguel Ángel Osorio Chong debe estar decepcionado por el fracaso, y harto de los ataques –quizá merecidos– de quienes se obsesionan con su renuncia.
Seamos serios.
Si la dimisión del secretario de Gobernación sirviera para recapturar al narco capo más peligroso del mundo, que se vaya Osorio Chong para que venga otro a hundirse en el mismo lodazal… y correr la misma suerte.
La semana pasada lo dijimos claro: “En esta crisis del ‘carajo’, no hay nada personal; todo es institucional”.
Lo podrido no son las personas sino el Sistema Nacional de Seguridad y las normas mínimas –que deberían ser máximas– en las prisiones federales. Mientras esas instituciones no sean reestructuradas, ni Manlio Fabio Beltrones podría con el paquete, como muchos “cilindreados” quisieran. Mientras el Gobierno no ponga límites a las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tolerar “puntos ciegos” en los penales de alta seguridad… y mientras al Presidente de la República lo sofoque el miedo de extraditar a quienes no puede asegurar en cautiverio, la guerra contra el crimen organizado estará perdida.
¿Para qué conservar a los narcos en prisiones con pisos de agua?; ¿para que asumir riesgos sin tener plena capacidad de afrontarlos?; ¿para qué desgastar al Gobierno con burlas y humillaciones?
¿La razón para no entregar a “El Chapo” consistía en evitar que fuera a EU a contar –o inventar– historias que podrían involucrar a personajes mexicanos de gran relieve?. (Esta pregunta la hace el perspicaz politólogo Jorge Castañeda, experto en hipótesis conspirativas no exentas de verosimilitud).
Cuando todas pulgas se las cargan a Osorio Chong, debe quedar claro que la responsabilidad por el fracaso en el combate a la delincuencia organizada, en todo caso, es compartida.
