Un software malicioso para hostigar a ciudadanos incómodos, que sólo se vende a gobiernos con la condición de utilizarlo para investigar a criminales y terroristas se usó en al menos 88 intervenciones telefónicas en contra de prominentes defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.
Esto pasó entre enero de 2015 y julio de 2016.
El espionaje político fue dirigido en contra de Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Carmen Aristegui, su hijo Emilio, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias; el periodista Carlos Loret de Mola, y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta revelación surgió a partir de dos materiales distintos. El primero de ellos es el amplio reportaje publicado el lunes 19, en primera plana, por el diario The New York Times bajo el título: “Somos los nuevos enemigos del Estado” (http://nyti.ms/2ssgNQ0).
El NYTimes recoge y amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer también el lunes pasado, elaborado por las organizaciones Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá; Artículo 19; México, R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC. (https://articulo19.org/gobiernoespia/)
Que los gobiernos en México realizan espionaje a ciudadanos es una obviedad. No es noticia. Lo relevante de la amplia nota del NYTimes, y del reporte “Gobierno Espía…”, es que se demuestra que los 88 intentos de hackeo constituyen un patrón sistemático, en donde cada ataque se inscribe en coyunturas relevantes para cada una de las víctimas de los mismos.
Mediante mensajes SMS, con el malware denominado Pegasus, desarrollado y vendido por la empresa israelí NSO Group, se pretendió, y en algunos casos seguramente se logró, infectar a celulares de las personas mencionadas. Es un arma cibernética.
¿A cuántos se infiltró? ¿Con qué consecuencias? No lo sabemos.
Lo que sí se sabe es que los ataques no son los únicos.
El que tiene que investigar es el gobierno, que cuenta con los mecanismos para obligar a los clientes de NSO Group en México (Sedena, PGR y Cisen) para decirnos a quiénes han espiado y, sobre todo, con qué base legal lo ha hecho.
El espionaje contra ciudadanos no es asunto menor ni siquiera en el contexto de un clima tan violento provocado por los asesinatos no aclarados de informadores. Es otra puerta abierta a la intimidación, el acoso, la censura, los secuestros o las desapariciones. En una palabra, para la impunidad que favorece que nada de eso se investigue y menos se castigue.
Al mismo tiempo, quienes espían desde las cloacas del poder mandan un tenebroso mensaje: “los incómodos” son vulnerables y deben ser tratados como enemigos del Estado. Eso nos queda muy claro.
Sin embargo…
Con la respuesta dada ayer por la Presidencia de la República, donde asegura que no hay pruebas de que “agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, y llama a las víctimas a denunciar ante la PGR, esta administración confirma la aberración según la cual toca al ciudadano probar el delito, cuando lo debido es que, el mínimo quehacer el gobierno es iniciar una profunda investigación que incluya testimonios más allá de los que las organizaciones lograron reunir evidencia según el documento “Gobierno Espía…”.
EL MONJE CLARO: El New York Times es el diario de mayor influencia en el mundo y suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad. Ojalá que la publicación del reportaje sobre espionaje a personajes incómodas provoque una reacción en el presidente Peña, cuyo gobierno ha soslayado todo lo que se ha advertido y publicado en México sobre el tema. No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, han sido interceptados por el CISEN de Gobernación. Sólo en el verano de 2015 se mencionaban 729 intervenciones telefónicas. El gobierno ha guardado sospechoso silencio desde entonces…