En México, informar no sólo incomoda: puede ser una condena de muerte. A Alejandro Leyva Aguilar lo asesinaron en San Pablo Etla, Oaxaca, mientras desayunaba. Dos hombres en motocicleta le dispararon al cuello y la cabeza. Horas antes había publicado su última columna, firmada con un seudónimo que hoy suena a advertencia desoída: El Zumbido del Moscardón.
Leyva tenía 60 años y casi tres décadas en el oficio. No era un improvisado ni una voz menor: dirigió la Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat. Según el colectivo Artículo 19, es el sexto periodista asesinado en el país en lo que va de 2026 y el segundo en menos de una semana en Oaxaca.
El pecado de Alejandro fue el de muchos periodistas incómodos: preguntar, señalar, exhibir. Criticaba al gobierno estatal del morenista Salomón Jara, y desde Trapitos al Sol, un espacio oficialista, se respondía a sus señalamientos con descalificación. Así opera el poder cuando se siente desnudo: primero desacredita, luego abandona y después se dice sorprendido.
Lo más grave es que Leyva no caminaba a ciegas hacia el peligro: lo había denunciado. Desde hace un año reportó amenazas de muerte ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado. No recibió protección. Las autoridades sabían y no actuaron. Un año después, la amenaza se cumplió con la puntualidad brutal de la impunidad.
El asesinato de un periodista no empieza el día del disparo. Empieza cuando se normaliza la amenaza, cuando se minimiza el hostigamiento, cuando la autoridad mira hacia otro lado y cuando los agresores aprenden que en México matar una voz crítica rara vez cuesta demasiado. La impunidad es el sistema funcionando para quienes se benefician del silencio.
Matar a un periodista no borra lo que escribió; exhibe a quienes necesitaban callarlo. Oaxaca suma otra tumba, México otra vergüenza y la sociedad otro pedazo menos de su derecho a saber. El Moscardón ya no zumba; su silencio acusa.