La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, niega haber compartido información confidencial con autoridades extranjeras, pero su explicación no despeja el fondo del escándalo: la difusión de grabaciones en las que presuntamente se ofrece a proporcionar datos relacionados con la seguridad nacional a cambio de no ser señalada por Estados Unidos.
La mandataria estatal recurrió al argumento previsible: que el contenido fue manipulado y sacado de contexto. Atribuyó la manipulación a una operación política encabezada por su adversario, el exgobernador Jaime Bonilla. Pero convertir el escándalo en pleito de enemigos no basta para desactivar las preguntas que ella misma dejó abiertas.
Si Bonilla es un enemigo político, ¿por qué le abrió la puerta?, ¿qué hacía el tema de la seguridad en esa conversación? Si todo fue una trampa de Bonilla, ¿por qué se prestó al juego? La gobernadora se ve ingenua. Nadie queda atrapado en una emboscada política si antes no acepta entrar al terreno donde la emboscada puede funcionar.
Total, las grabaciones existen, la reunión ocurrió y la propia gobernadora lo admite. Su defensa es intentar esconderlo detrás de la palabra manipulación. Esa salida es insuficiente. La edición de la grabación se desmiente presentando la cinta íntegra, no con indignación tardía. Mientras no la de a conocer, el pueblo de Baja California no puede creerle por decreto ni aceptar explicaciones a medias. Mientras, la versión de Marina del Pilar seguirá sonando menos a aclaración y más a patadas de ahogada.