El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, el cual sostiene que este delito en el país podría constituir un crimen de lesa humanidad. La Cancillería calificó el documento de “tendencioso” y “sesgado”, al asegurar que no consideró las observaciones, análisis ni actualizaciones presentadas por el gobierno federal.
La SRE argumentó que el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que sus conclusiones no corresponden a la realidad del México actual. Además, señaló que el propio Comité reconoce en su resolución que no existen indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El gobierno también cuestionó la falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, incluyendo su interpretación del Estatuto de Roma, y acusó conflictos de interés de algunos de sus integrantes, ya que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano. México subrayó que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas.
En respuesta al informe, la Segob y la SRE destacaron las reformas aprobadas en julio de 2025 en materia de búsqueda e identificación de personas, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. El país se dijo abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejen su realidad actual.