La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes 6 de octubre la designación de ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México por su participación en una red de suministro ilícito de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo, presuntamente destinados a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Las sanciones forman parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico, después de que se designara al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo, y enfatizó que detener el flujo de esta droga es una prioridad de seguridad nacional.
Entre los sancionados destacan los hermanos Favela López: Víctor Andrés Favela López (exbeisbolista y exgerente deportivo de los Saraperos de Saltillo), Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López y María Gabriela Favela López.
También fueron incluidos Jairo Verdugo Araujo (esposo de María Gabriela), Gilberto Gallardo García (casado con otra hermana Favela López) y César Elías López Araujo, identificado como testaferro de Víctor Andrés.
La octava sancionada es Martha Emilia Conde Uraga, descrita por el Tesoro como una intermediaria química vinculada desde hace años al Cártel de Sinaloa, que opera desde varios almacenes en Culiacán y sus alrededores.
Según la OFAC, la familia Favela López es propietaria de Sumilab, empresa que proveía precursores químicos ilícitos al Cártel de Sinaloa.
Tras las sanciones impuestas a Sumilab en mayo de 2023, los implicados retiraron los letreros de sus locales y modificaron su operación, aunque continuaron participando en el suministro de químicos y equipo de laboratorio destinados a la producción de fentanilo y metanfetamina para los operadores de Los Chapitos.
Por su parte, Martha Emilia Conde Uraga utilizaba facturas falsas y mecanismos de encubrimiento para suministrar precursores químicos a narcotraficantes y laboratorios clandestinos que trabajaban para el Cártel de Sinaloa. Parte de los productos químicos también eran vendidos a empresas en Estados Unidos, donde se procesaban para la fabricación de drogas sintéticas.
Con las sanciones impuestas, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Asimismo, todas las entidades propiedad, directa o indirecta, en un 50% o más de los sancionados, también quedan bloqueadas. Las regulaciones de la OFAC prohíben a personas y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción o relación comercial con los involucrados, salvo autorización mediante licencia general o específica.
Entre las empresas sancionadas figuran: Sumilab, Agrolaren, Distribuidora de Productores y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab, Storelab, Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria.