El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Cultura Cívica que sanciona a los “franeleros” con hasta 36 horas de arresto por apartar lugares con objetos, obstaculizar el libre tránsito o cobrar por cuidar vehículos o usar espacios públicos para estacionarse.
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La sanción es inconmutable, por lo que no podrá pagarse con multa ni sustituirse por trabajo comunitario, y busca frenar prácticas ilegales vinculadas con extorsión, robo de autopartes, amenazas y lesiones.
La iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, redefine la vía pública como espacio de uso común, prohíbe su uso indebido para beneficio particular y permite que la policía intervenga de oficio en casos de flagrancia. Quienes cometan actos graves serán turnados a la Fiscalía.