El fiscal de California, Rob Bonta, anunció que presentó una demanda contra la Administración de Donald Trump, apoyado por otros diez estados, tras la decisión del republicano, firmada horas antes, de revertir la prohibición a vehículos de gasolina para 2035 en dicho estado, un esfuerzo que había sido liderado por las autoridades demócratas.
«No vamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que eso suceda. Por eso anunciamos nuestra vigésimo sexta demanda contra el presidente. Nuestra demanda busca defender la capacidad de California para aplicar sus propias leyes ambientales», dijo Bonta en una conferencia de prensa virtual.
La demanda, presentada junto a los fiscales generales de otros diez estados –Colorado, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington-, critica el uso ilegal de la ley por parte del Gobierno federal para invalidar los esfuerzos estatales en materia ambiental.
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Los demandantes impugnan «el uso sin precedentes e ilegal de la Ley de Revisión del Congreso (CRA, en inglés) para invalidar el programa de vehículos limpios de California», según se lee en un comunicado emitido por la oficina del fiscal general californiano.
Horas antes, el presidente Trump había promulgado la ley que revierte la prohibición a los vehículos de gasolina para 2035 en California, un esfuerzo que habían liderado las autoridades demócratas de ese estado para acelerar la transición hacia los autos eléctricos.
El mandatario justificó su decisión, que había sido previamente apoyada en el Congreso -de mayoría republicana-, alegando que la gente debería tener la opción «de comprar un auto eléctrico, un auto de gasolina o uno híbrido».
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También validó el fin de otras políticas estatales destinadas a reducir las emisiones de los tubos de escape de algunos automóviles y la contaminación por óxido de nitrógeno, uno de los gases que más contribuyen a la contaminación atmosférica.
La demanda, no obstante, sostiene que estas acciones son ilegales, puesto que las exenciones de la Ley de Aire Limpio en California -que fomentaban la aceleración de vehículos cero emisiones– nunca habían estado sujetas al CRA.
Según los demandantes, el costo estimado de la orden presidencial ascendería a 45 mil millones de dólares en gastos de atención médica. Además, denuncian que la decisión de Trump se enmarca en una política partidista centrada en pasar por encima de las autoridades de California, en lugar de en tomar las decisiones más justas para el estado.
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«El ataque frontal de Trump contra California continúa, y esta vez está destruyendo nuestro aire limpio y la competitividad global de Estados Unidos en el proceso», declaró en el comunicado el gobernador de California, Gavin Newsom.
La autoridad de Newsom en California fue recientemente puesta en entredicho por el Gobierno federal, con motivo de las protestas que asolan Los Ángeles desde el pasado viernes. Trump desplegó a la Guardia Nacional para contener las manifestaciones sin el consentimiento del gobernador, quien se ha convertido en una de las principales figuras de la oposición al presidente.
En California se ubican varias de las ciudades con peor calidad del aire de Estados Unidos, informó la Asociación Americana del Pulmón. El estado ha sido tradicionalmente pionero en normas sobre contaminación para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las personas, y para la industria de los vehículos eléctricos. EFE