María Amparo Casar
En México, en Estados Unidos y en el mundo, prácticamente toda la atención mediática está puesta sobre la política de aranceles (que por cierto es mucho más que eso) de Trump.
No es para menos. El orden internacional o geopolítico que conocimos está siendo desmantelado. Estados Unidos ha golpeado a sus enemigos tradicionales (las excepciones en materia arancelaria fueron Rusia y Corea del Norte que ya los sufrían) y también a quienes fueron sus aliados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay serios competidores al hegemón que hasta ahora ha sido EU. Y, no se nos olvide, la hegemonía de EU, con todos sus defectos, excepciones e intervencionismo, incluía el paradigma democrático. Éste está en peligro también y no le estamos prestando suficiente atención.
La posible hecatombe económica se discute todos los días, a todas horas y en todos los medios tradicionales y plataformas digitales.
Mientras tanto, las debacles políticas que suelen acompañar a las económicas no logran el impacto mediático que deberían. Ni en lo internacional ni en lo nacional. Hace unos días Mauricio Meschoulam recordaba que no se habla “del fracaso del cese al fuego en Gaza … ni tampoco del impasse en el que han entrado las negociaciones sobre cese al fuego en Ucrania … de las negociaciones EU-Rusia o del Signalgate”.
Lo mismo ocurre con las políticas internas de EU y de México que tienen enormes e inquietantes similitudes. Asuntos de enorme trascendencia han sido relegados de la conversación pública.
En el caso de EU está presente el riesgo del debilitamiento de los contrapesos. Todo indica que ha echado en saco roto el principio de la no delegación de las facultades del poder legislativo y ha usado de manera abusiva e inconstitucional el Acta de Poderes Económico de Emergencia Internacional (IEEPA). No es sólo que las bases legales de los aranceles impuestos por el ejecutivo estadounidense son cuestionables. Es que no se sabe siquiera si Trump obedecerá las sentencias del poder judicial. Lo que sí se sabe es que ha despedido a muchos integrantes del Departamento de Justicia, en especial a aquellos que se le opusieron en los juicios contra las acciones del 6 de enero de 2020. Que ha emprendido una guerra contra los despachos de abogados involucrados. Que ha detenido fondos presupuestales aprobados por el Congreso para agencias internacionales de ayuda humanitaria y de investigación (USAID), para educación, para ciencia y tecnología y para think tanks como el Woodrow Wilson Center y el Instituto México. Que está llevando a cabo un recorte de decenas de miles de funcionarios del llamado “Estado profundo”, sin plan, metas e indicadores. Que el nacionalismo que pregona no es más que una política anti-inmigrante dirigida lo mismo contra trabajadores legales e ilegales y con empleos mal remunerados que con bufetes de abogados, académicos de centros de educación superior u hospitales. Que los derechos humanos y libertades están siendo disminuidas al grado de detener y expulsar del país a personas que defienden vocalmente a los palestinos o a residentes que apoyan posiciones contrarias a la administración como las agendas de género. O, el trasalado de un salvadoreño con protección contra la deportación a las cárceles de Bukele. O, el abierto proselitismo en favor de partidos de derecha y regímenes autoritarios.
Apenas ayer leía un artículo sobre el renombrado filósofo de Yale, experto en fascismo, Jason Stanley, en donde explica que se muda a Canadá por la ofensiva gubernamental contra las universidades. Para él lo ocurrido en la Universidad de Columbia y la intervención gubernamental de un departamento académico porque el gobierno federal no estaba de acuerdo con su ideología recuerda al macartismo.
En el caso de México también hay fuertes motivos de preocupación por la desvalorización del paradigma democrático, de la división e independencia de poderes, de la doctrina de que “no me vengan con que la ley es la ley”, de la desaparición o cooptación de los órganos autónomos y de la toma por asalto al poder judicial. Incluso antes que en EU.
En el sexenio pasado -aunque se hayan concretado hasta la llegada de la presidenta Sheinbaum- se plantearon las reformas más regresivas para la democracia en los últimos 30 años.
También tenemos un gobierno que busca monopolizar la conversación pública, utilizar datos falsos o engañosos y golpear a los medios y organizaciones de la sociedad civil que no comulgan con su ideología. Incluso, ya hemos padecido la intervención en las universidades. Ahí están el caso del ex-rector de la UNAM Enrique Graue y del ex-director de la FES por el caso de la ministra Yasmín Esquivel o la imposición en el CIDE de un director para frenar la libertad de cátedra y de investigación.
Así que quizá más que vecinos distantes estamos siendo vecinos cercanos. Y no le estamos prestando suficiente atención.