Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que servidores públicos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, puedan promover la elección judicial, aunque con imparcialidad y sin mencionar a candidatas y candidatos en particular.
El fundamento legal del proyecto que se votó está basado en el artículo 134 constitucional y el 506 de LGIPE que, entre otras cosas, marcan que la participación de servidores públicos “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
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De esta forma, la presidenta no podría decir que los jueces de antes eran “corruptos”, como lo dijo el 30 de marzo pasado.
EI TEPJF modificó el acuerdo emitido por el INE y eliminó así la restricción que facultaba al órgano electoral como única autoridad para promover el voto y la participación ciudadana en la elección judicial que se llevará a cabo el 1 de junio.
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¿Qué pueden hacer los servidores públicos? Difundir información institucional, educativa o de orientación social sobre el proceso electoral, así como promover la participación ciudadana, siempre y cuando sea de forma neutral.
¿Qué no pueden hacer? Usar propaganda personalizada o que induzca el voto a cierto candidato. Tampoco pueden usar recursos públicos para favorecer a un candidato.
