Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006.
Durante la indagatoria la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del Cartel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito.
Tuve conocimiento del caso desde 2020 como parte de una investigación de largo aliento que realizo desde 2019. El gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral del 2006 a nombre del Cartel de Sinaloa. A cambio la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección.
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En ese tiempo Beltrán Leyva alias «El Barbas” obtenía ganancias multimillonarias del tráfico de drogas que alcanzaban los 400 millones de dólares mensuales. Era parte de la cúpula de la llamada Federación asociado con los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera alias «El Chapo” e Ismael Zambada García alias «El Mayo”, entre otros. Durante los dos años de investigación la Fiscalía y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes fueron los protagonistas de esa trama.
Por parte del Cartel de Sinaloa el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal alias «La Barbie” uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva. Roberto Acosta Islas alias «El R”, uno de los lugartenientes de «El Barbas” y encargado financiero. Y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México.
Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO. Nico trabajaba cercano a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. El chofer saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX.
Es público que Nico era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Originario de Tabasco al igual que el presidente, desde hace décadas Mollinedo y su familia tienen una estrecha relación de amistad y total confianza con AMLO.
Nico era el hombre inseparable de López Obrador. Su sombra. Durante la campaña presidencial del 2006 fue el coordinador logístico, y en la del 2012 también fue un operador importante.
El otro personaje directamente vinculado a AMLO a través del cual se hicieron las negociaciones para la entrega del dinero del Cartel de Sinaloa, y quien recibió directamente los recursos de procedencia ilícita para canalizaros a la campaña es Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional de partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004, según reveló él mismo en una entrevista a Valores TV difundida en Youtube en 2022. Afirmó que ha sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018.
El tercer involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García alias «Pancho León” quien fue candidato a senador por el PRD en Coahuila en 2006. León García no ganó la senaduría y en marzo de 2007 desapareció en Saltillo, Coahuila, su familia presentó la denuncia correspondiente de acuerdo a la información publicada por diversos medios locales, pero hasta ahora no se conoce su paradero.
Y la cuarta persona que estuvo presente en el primer encuentro donde se acordó que el Cartel de Sinaloa diera apoyo económico a la campaña de AMLO, es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, Guerrero, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.
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Pude corroborar la veracidad de los hechos descubiertos por el gobierno de Estados Unidos con dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las reuniones entre los protagonistas, una cercana al equipo de AMLO y otra integrante del Cartel de Sinaloa.