La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno utilice a las instituciones de justicia con fines políticos en el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y garantizó que la Fiscalía General de la República cuenta con evidencia sólida para sustentar el proceso en su contra por una presunta red de contrabando de combustible.
En su conferencia matutina, la mandataria respondió a señalamientos de legisladores del PAN, quienes calificaron a Ruffo Appel como un preso político tras su detención. Sheinbaum fue tajante al descartar cualquier motivación partidista detrás de la captura del primer gobernador panista en la historia de Baja California, y afirmó que la indagatoria en su contra lleva más de un año de desarrollo, con diligencias que respaldaron ante un juez federal la emisión de la orden de aprehensión.
La presidenta subrayó que existen muchisimas pruebas, y que esto no es menor, que vinculan a Ruffo Appel con Ingemar, la empresa de la cual es socio y que las autoridades identifican como pieza clave de una red de huachicol fiscal dedicada al contrabando de hidrocarburos hacia México. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la investigación se remonta a un megadecomiso de más de 15 millones de litros de combustible detectado en Coahuila, hallazgo que abrió la línea de pesquisa contra el exmandatario estatal y otras dos decenas de presuntos cómplices.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en su domicilio de Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Tras su arresto fue trasladado a la Ciudad de México y quedó bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como penal del Altiplano, junto con al menos otros cuatro detenidos relacionados con el mismo esquema.
Según la FGR, la red de contrabando habría operado desde 2019 mediante al menos once empresas distintas y generó un daño a la hacienda pública estimado en más de cuatro mil millones de pesos entre enero y julio de 2025. La fiscal general, Ernestina Godoy, ha señalado que la dependencia cuenta con datos de prueba contundentes, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas y análisis científicos que robustecen la indagatoria contra el exgobernador y el resto de los objetivos con orden de aprehensión pendiente.
Sheinbaum también hizo referencia a las contradicciones de sectores políticos que en el pasado acusaron a Ruffo Appel de vínculos con actividades ilícitas y que ahora lo defienden públicamente tras su detención. La presidenta insistió en que su gobierno ha actuado contra decenas de funcionarios y exfuncionarios de distintos partidos políticos, entre ellos Morena, el propio PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, como prueba de que las investigaciones no responden a una lógica de persecución selectiva sino al cumplimiento de la ley.
La mandataria reiteró que corresponderá a los jueces determinar la situación jurídica definitiva del exgobernador, y que su administración continuará respaldando el trabajo de la Fiscalía General de la República en el desmantelamiento de las redes de contrabando de combustible que, según las autoridades, representan una de las mayores fuentes de pérdidas fiscales para el país en los últimos años.