En la Cumbre de Comunidades más Seguras celebrada en Hartford, Connecticut, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió públicamente el envío de armas peligrosas, incluyendo rifles de asalto, hacia territorio mexicano. Además, reveló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado detener esta crisis que afecta la frontera entre ambos países.
El tráfico de armas provenientes de Estados Unidos hacia México ha sido un problema de larga data, ya que se ha comprobado su uso en actos de violencia perpetrados por los cárteles y otros delincuentes. A esto se suma el ingreso de fentanilo hacia Estados Unidos desde territorio mexicano.
En el último año fiscal, se incautaron 6,350 kilos de fentanilo en la frontera sur estadounidense, y en el presente año fiscal se han decomisado más de 4,000 kilos hasta la fecha. Además, según el Instituto Nacional de Salud citado por Fox News, se registraron más de 70,000 muertes relacionadas con el fentanilo en 2021.
En relación a la violencia armada en Estados Unidos, Biden instó a los republicanos en el Congreso a unirse a los demócratas en la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Destacó que esta legislación ha destinado más de 1.5 mil millones de dólares a estados y comunidades para mejorar la seguridad en las escuelas, brindar acceso a servicios de salud mental y ayudar a los jóvenes a lidiar con el dolor y el trauma causado por la violencia armada y el estrés postraumático.
Biden hizo hincapié en las tragedias que han afectado a las familias estadounidenses debido a la violencia armada, y elogió a los activistas que están demandando medidas legislativas más estrictas para controlar la posesión de armas. Según la ONG Gun Violence Archive, la violencia armada ha cobrado la vida de más de 19,500 personas en Estados Unidos este año, con más de 11,000 de ellas como resultado de suicidios.
En otro contexto relacionado con la frontera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a la red global Hernández Salas, con sede en México, por facilitar el ingreso ilegal de miles de personas a territorio estadounidense. La organización, vinculada al cártel de Sinaloa, opera desde 2018 y está encabezada por Ofelia Hernández Salas, alias «Doña Lupe», quien se encuentra detenida en México en espera de ser extraditada a Estados Unidos.
Las autoridades de ambos países estiman que las víctimas pagaron entre 10,000 y 70,000 dólares a esta red, la cual se dedicaba al transporte de personas hacia la frontera con la ayuda de colaboradores en distintas regiones. Además, la red está involucrada en actividades de falsificación de documentos y corrupción en México.
Estas sanciones, impuestas en coordinación con las autoridades mexicanas, tienen como objetivo interrumpir las operaciones globales de la organización y combatir el lucrativo tráfico de personas, que genera miles de millones de dólares para las organizaciones criminales.
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