Se estima que las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola: realizan tareas intensas, trabajan muchas horas y de manera informal, están mal remuneradas, tienen escasa protección social o seguridad de los ingresos. De esta manera, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020) indican que, en América Latina, las mujeres rurales representan el 29% de la fuerza laboral, y son responsables de más del 50% de la producción de alimentos. La gran mayoría son jefas de hogar y el sustento de sus familias, pero a pesar de ser una pieza fundamental en el sistema alimentario, aún enfrentan diversos obstáculos para ejercer sus derechos.
El Instituto Nacional de las Mujeres señala que 56% de las mujeres rurales en el país se encuentra en situación de pobreza; sufren 2 de cada 3 muertes maternas y tienen en promedio 2.4 años menos de escolarización que las mujeres que viven en núcleos urbanos. Tienen, además, menor acceso a la tierra y a programas de financiamiento y capacitación para su desarrollo como agricultoras.
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Las del campo piden que se reconozca su trabajo en las explotaciones como cónyuges o colaboradoras.
La Ley de Titularidad Compartida aprobada en 2011 nació con la voluntad de favorecer la igualdad, a través del reconocimiento jurídico y económico de la participación de las mujeres en la actividad de la explotación.
Pero el número de inscripciones (647 a principios de marzo) ha sido bajo. Sector y Gobierno consideran que hay que revisar la ley. Las asociaciones señalan que no se conoce y que se requieren campañas de divulgación.
Por otro lado, las mujeres piden una revisión las cuotas a la Seguridad Social, para que puedan reflejarse en las estadísticas los trabajos de agricultoras, ganaderas o de atención a la dependencia.
En pesca, colectivos como mariscadoras o percebeiras piden que se modifiquen los coeficientes (que influyen en la jubilación) y que se apliquen a las rederas (que no los tienen); esto implica una actualización de las enfermedades profesionales.
Uno de los aspectos más duros de esa invisibilidad es el impacto de la violencia de género en el medio rural.
El entorno donde todos se conocen y el miedo al “qué dirán” disuaden a las víctimas de denunciar o les frena a la hora de acudir a centros asesores.
Solicitan campañas de sensibilización, para disminuir el machismo en el sector y en el medio rural, enfocadas a prevenir y erradicar la violencia de género y a apoyar a las víctimas.
Y también, que las estadísticas recojan datos detallados de la violencia de género diferenciados en el medio rural.
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a la despoblación, reivindican una política fiscal que promueva el emprendimiento. Las mujeres recalcan la dificultad para acceder al crédito.
Entre las armadoras y las cofradías pesqueras, piden incentivos y bonificaciones para las empresas que contraten mujeres.
De cara a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2021-2027, España ha promovido una perspectiva de género. Las mujeres demandan que se traduzca en apoyos específicos en los planes de desarrollo rural.
Las habitantes del medio rural reivindican que se potencie la formación agraria, ganadera o para el empoderamiento personal.
Seminarios, talleres y encuentros tienen un papel muy importante.
Desde la pesca, echan en falta una oferta de estudios para garantizar el relevo generacional con marineras o para que no se extingan oficios como los de rederas o de neskatillas.
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En las zonas menos pobladas faltan centros geriátricos, guarderías o servicios de ayuda a discapacitados. Ellas demandan el fomento de la corresponsabilidad, por ejemplo, con formación específica para hombres, a diferentes niveles organizativos. Ante los horarios de la pesca, las guarderías en los puertos serían una solución.
Una reducción de las diferencias entre campo y ciudad en la atención sanitaria y dotación de servicios asistenciales suficientes además de mejores comunicaciones.
Las mujeres rurales sufren la brecha digital, porque necesitan salidas laborales al no tener la propiedad de la tierra. A la hora de buscar la diversificación, notan más las deficiencias en el acceso a Internet.
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En España, el 70% de las personas que viven solas son mujeres, 40% en el medio rural. La creación de empleo sería un antídoto contra la soledad, así como propiciar espacios de educación, entretenimiento y ocio activo.
Mujeres del campo y del mar coinciden en la importancia del asociacionismo y el liderazgo en sectores masculinizados y con escasa presencia femenina en los puestos de mando. Admiten avances en esa línea.
La presencia de la mujer rural también se reivindica en plataformas de derechos sexuales y reproductivos o en el de colectivos de inmigrantes.
Fuente: Efe Agro