Juan María Naveja.
En uno de esos días, mientras se desahogaba el juicio en contra de Genaro García Luna en Brooklyn, en el Capitolio de Washington, la directora de la DEA, Anne Milgram, revelaba a los legisladores que en México el cartel de Sinaloa opera en 19 de las 32 entidades federativas de México y el Cartel Jalisco Nueva Generación en 23 y que el gobierno cooperaba muy poco en la lucha para poner freno al trasiego de fentanilo y metanfetaminas.
Para Estados Unidos lo dicho en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública solo es la prueba de que el Estado mexicano ha estado corrompido, antes y ahora.
El jurado declaró culpable a García Luna, pero al mismo tiempo se desvela una serie de responsables y responsabilidades, que en principio se concentran en el expresidente Felipe Calderón, pero que se irán extendiendo a otros actores que saltarán a la luz pública conforme pasen los tiempos y se produzcan detenciones y extradiciones.
La misma funcionaria le dijo al senador demócrata Bob Menéndez que hay 232 solicitudes de extradición, que México apenas ha autorizado 24.
Visto lo sucedido en los juicios contra el Chapo Guzmán y ahora contra García Luna, los criminales rápidamente se convierten en testigos protegidos para disminuir sus sentencias. Comparecen ante juzgados para declarar lo que les pidan y contra quien les soliciten, por ejemplo, los testimonios de Jesús Reynado “El Rey” Zambada García, en los dos juicios mencionados. Zambada fue detenido en 2008 cuando García Luna era secretario de seguridad y fue extraditado en 2012. Como testigo protegido recibió una condena de 12 años y ahora, junto con su familia, está bajo custodia del gobierno norteamericano.
Es difícil pronosticar si los tentáculos de las agencias y el sistema judicial de Estados Unidos alcanzarán a alguno de los expresidentes o a quien se encuentre en el poder, pero tampoco se puede descartar. Las muertes a causa del fentanilo han abierto nuevos frentes que en el mediano plazo se pudiesen convertir en causas contra las autoridades que fueron omisas o permisivas.
En México el caso García Luna servirá para la narrativa política, porque no hay duda que existe responsabilidad de los expresidentes, en particular de Felipe Calderón, pero no se puede dejar de lado a Peña Nieto y López Obrador, el primero porque le dio contratos y el segundo porque actuó hasta que Estados Unidos lo detuvo.
Digno de mención es el trabajo de periodistas que en los últimos 20 años han realizado investigaciones en medio de presiones, chantajes y amenazas. No sé si sus aportaciones fueron decisivas, eso solo lo sabe la DEA que entregó la información a los fiscales. Trasciende que en la lista de posibles testigos estaba la periodista Anabel Hernández, quien ha publicado artículos, libros y concedido entrevistas sobre Genaro García Luna y ha revelado el poder del Cártel de Sinaloa desde principios del siglo hasta la actualidad.
El juicio en Brooklyn ha venido a exhibir al Estado Mexicano en pleno, pero también a las agencias de seguridad de los Estados Unidos. El nacotráfico los ha vulnerado, en los dos casos hay suficientes evidencias para sostener que han fallado.
En México el clima de inseguridad es creciente, por lo que bien vendría bajarle a la alharaca, la DEA deja claro que el juicio contra García Luna es obra de ellos y los legisladores expresan que México no es un buen socio. Si sus datos son reales los cárteles tienen presencia en casi el 70 por ciento del territorio mexicano y así no hay defensa posible.