La mañana de este sábado inició poco después de las 9 de la mañana la audiencia en contra del titular de la Fiscalía General de la República, Jesús Murillo Karam en el reclusorio Norte, es acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Al exfuncionario lo acompañan sus abogados penalistas Javier López García y Antonio López Ramírez; fue requerido por un juez de control y en las siguientes horas se sabrá si solicitará la duplicidad del término para definir su situación legal o bien es vinculado a proceso.
El exfiscal estuvo a cargo de las primeras investigaciones para dar con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014.
Murillo encabezó la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del expresidente Peña Nieto. En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del gobierno por resolver lo sucedido, en un hecho que conmocionó al país y evidenció el grado de colusión entre autoridades y el crimen organizado.
Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los alumnos de la escuela de la localidad Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, habían sido incinerados en un basurero por órdenes de una banda criminal y que el exfuncionario llamó una «verdad histórica».
Dar con el paradero de los estudiantes fue una de las promesas de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien relanzó las indagatorias tras asumir el cargo en 2018. En el pasado, Murillo ha defendido los hallazgos de su equipo y se ha dicho abierto a ser investigado.
Su detención, el viernes por la tarde, ocurrió un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe en el que el actual gobierno por primera vez declaró sin vida a los jóvenes y calificó los hechos como un crimen de Estado. Las circunstancias y los motivos de su muerte aún siguen en el aire.
Por la noche, la fiscalía informó que un juez había emitido 83 órdenes de detención más, contra militares, policías, funcionarios de Guerrero y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Desde que ocurrió la desaparición, familiares de las víctimas y sus abogados han exigido la detención de funcionarios acusados de torturas, abusos y de manipular evidencias, entre los cuales se incluye al jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, actualmente prófugo.
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