Juan María Naveja
El próximo gobierno, sin importar sus procedencia o antecedentes, tendrá en el sexenio en curso material suficiente para legitimarse: las tragedias como Tlalhuelilpan, la línea 12 del metro, la mala gestión de la pandemia, la falta de medicamentos y vacunas insuficientes, los más de 600 mil muertos a causa o derivados del Covid-19, más de 100 mil homicidios dolosos, el costo para el país por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el incumplimiento de contratos; entre otros, algunos para configurar delitos de lesa humanidad, negligencia, corrupción, impunidad; más lo que los especialistas del derecho pudiesen acumular.
La historia nos recuerda que una tentación para un nuevo gobierno es fortalecerse de arranque, sin importar de quien se trate, López Portillo lo hizo con Echeverría, Salinas de Gortari con La Quina, Ernesto Zedillo con Raúl Salinas de Gortari, Peña Nieto con Elba Esther Gordillo y López Obrador lo viene haciendo con Rosario Robles.
Las lealtades en la política tienen fecha de caducidad, sobre todo cuando se trata de ganar, recuperar poder o borrar un pasado tormentoso como la elección de 1988.
De hecho ya están en curso acusaciones por el desastroso combate contra la pandemia, si bien es cierto que, por ahora las baterias se enfocan contra el subsecretario López-Gatell, con el tiempo pudiesen dirigirse más arriba, hacia el secretario o el mismo presidente. No es poca cosa, se habla de más de 600 mil muertos, según cifras de organismos internacionales que llevan el recuento en la materia.
Ha causado sorpresa entre propios y extraños que López Obrador abriera las hostilidades con miras al 2024 con tres años de antelación, su proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum es manifiesto y, en sus propias palabras, las “corcholatas” adicionales las menciona más para decir que su caballada está robusta y con el afán de descalificar a la la oposición.
Lo anterior ha provocado reacciones de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, quienes no niegan sus aspiraciones, en ambos casos porque saben que es la última llamada, el Canciller cedió su oportunidad en 2012 y no se ve que vaya a ser correspondido. El Senador, quien conoce de sobra al presidente ya recibió los suficientes mensajes de que no está en su lista, de hecho Monreal lo sabía desde antes tras de que López Obrador se decantó por Claudia Sheinbaum para la candidatura para la jefatura de gobierno.
Si en múltiples acciones el gobierno de López Obrador es una vuelta al pasado, hay que repasar la sucesión de 1976, cuando el favorito indiscutible era el entonces Secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, todas las apuestas le favorecían hasta que el presidente Echeverría prefirió a su amigo de toda la vida, José López Portillo. Es ahí donde la designación de Adán Augusto López Hernández cobra especial relevancia.
No hay que esperar grandes despliegues del Secretario de Gobernación, contra las descalificaciones de quienes no le ven tamaños, hay que recordar que no es un político bisoño, ya fue diputado, senador y gobernador; goza de la amistad del presidente desde hace muchos años, los vinculan episodios familiares, descalabros y triunfos electorales.
López Obrador sabe que necesita alguien de toda su confianza, que en principio le de garantías de que él o su gente no sufrirán persecución alguna, porque la tentación de llevar a un expresidente a la cárcel está latente y, como en varios países del continente, tarde o temprano, sucederá en México y este presidente trae tantos o más causales que se pueden configurar delitos de diversa índole.
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