Mario Ávila
La voz de los estados
Vaya el torbellino legal desatado en Nuevo León.
Por una parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación urge al Congreso local para que haga su tarea y cumpla con su obligación para sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez y al Secretario General de Gobierno, Manuel González, por el presunto desvío de recursos para reunir firmas para la candidatura presidencial.
Fijaron como fecha limite el próximo 24 de abril.
Y por la otra, investigaciones periodísticas señalan que, para la recaudación de las firmas, se habría utilizado a una empresa de las conocidas como “factureras” para el movimiento de los dineros.
Tal parece que la administración de Jaime Rodríguez Calderón se ha convertido en todo aquello que él denunció en su campaña de gobiernos anteriores.
Veremos si el congreso de Nuevo León finalmente cumple con el mandato del Tribunal y, si las denuncias periodísticas llegan a una investigación judicial por el uso de esos mecanismos.