La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, vendió a nueve personas dos áreas naturales de más de mil 600 hectáreas en Baja California a un precio de entre 55 y 75 pesos por hectárea, lo que representa un precio total de 127 mil 523 pesos.
Al respecto, la asociación civil Terra Peninsular señaló que en 2012 pagaron 10 millones de dólares por dichos terrenos para destinarlos a la conservación, y pagaban regularmente sus terrenos. Sin embargo, en 2017, al momento de realizar el pago correspondiente, les dijeron que los títulos de propiedad habían sido asignados nuevamente a otras personas.
“Cuando llegó 2017 fuimos a pagar nuestro predial y nos llevamos la sorpresa de que en la oficina de catastro nos dijeron: ‘No debes nada porque hay títulos que acaban de ser asignados y sobrepuestos a tus títulos de propiedad’”, explicó César Guerrero, director de Terra Peninsular.
“Resultó que nueve individuos, sin ningún proceso legal, con un trámite corrupto, se acercaron a la entonces secretaria de Desarrollo Agrario y consiguieron 10 títulos de propiedad que se sobreponen a estas hectáreas que teníamos en propiedad”, denunció.
Las zonas en disputa son la Reserva Nacional Punta Mazo y la Reserva Nacional Monte Ceniza, las cuales fueron divididas en diez lotes y vendidas a nueve personas por separado.
Los beneficiados por la venta irregular están identificados como Héctor Bojórquez, dirigente de la CNC y exdiputado local, así como, Daniel Salazar, Everardo Bayón, Mario Gerardo Rivera, Francisco Sesma, Manuel Fernández, Miguel Valadez, Juan Manuel Cota y Guadalupe Díaz.
En el caso de la Reserva Natural de Monte Ceniza, esta cuenta con una extensión de 800 hectáreas y fue comprada en 4 millones de dólares por Terra Peninsular, como lo demuestra la escritura pública 112761, otorgada el 15 de abril de 2016.
En abril de 2017, gracias a los trabajos de conservación realizados por la organización, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), les entregó el certificado que califica a dicho territorio como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, en la Bahía de San Quintín.
Sin embargo, todo esto no evitó que ese mismo año fuera vendida a varias personas, incluyendo a Bojórquez Quintero, quien por un lote de 300 hectáreas pagó únicamente 16 mil 700 pesos.
Ante esto, Terra Peninsular presentó una demanda de amparo, con lo que logró le restituyeran la titularidad de los predios, tras lo cual demandó a Rosario Robles y los nueve compradores por el delito de despojo, proceso que sigue en curso en la actualidad.
“Tenemos miedo de que la sentencia se dicte en nuestra contra y que sigan ganando estos actos de ilegalidad y corrupción, que además se pierdan las tierras, un espacio de valor ambiental, porque sabemos que después los venden a desarrolladores”, comentó César Guerrero.
En 2018, Terra Peninsular redescubrió en la zona a la rata canguro de San Quintín, una especie endémica y que se creía extinta desde 1986.
Ambas zonas naturales están consideradas Humedal de Importancia Internacional y área de conservación de aves. Asimismo, el 16 por ciento de su flora y fauna es endémica y se encuentra en peligro de extinción.
Fuente: Milenio
1 comentario
pero aún hay quien defienda a ese tipo de personajes