Francisco Fonseca
Esta frase repetida una y mil veces durante la campaña electoral, y ahora en la Presidencia, me hicieron recordar y volver a hojear, con mucho gusto y con algo de curiosidad, el libro “El Ombudsman y la Protección de los Derechos Humanos”, del doctor Gonzalo Armienta Calderón (1924-2013), prestigiado jurista y con una larga trayectoria en la Administración Pública en México. Al doctor Armienta tuve el gusto de conocerlo en el Tribunal Superior Agrario donde él se desempeñaba como Magistrado Numerario y yo como Director General de Recursos Humanos. El Tribunal se creó en 1992, y su primer Magistrado Presidente fue el jurista Sergio García Ramírez.
El doctor Armienta nació Culiacán. Estudió leyes en la Universidad Socialista del Noroeste y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó importantes responsabilidades en el gobierno federal. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (1972), y de la Universidad de Occidente (2005), de la cual fue su fundador; fundó la Escuela Libre de Derecho en su Estado natal. Siendo rector de la UAS, gestionó la construcción de la Ciudad Universitaria, así como de la Estación Radio–UAS. Desempeñó el cargo de Secretario General de Gobierno en Sinaloa (1999-2004).
Fue autor de las obras “La Universidad y El Estado”, “El Proceso Tributario en el Derecho Mexicano”, “Cinco Estudios Jurídicos”, entre otros muchos trabajos. Publicó poemarios y fue colaborador de varios periódicos de la ciudad de México. En 1993, fue reconocido con el Premio al Mérito Humanístico. Fue Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
La figura del Ombudsman ha sido el ideal y, en muchos casos, la utopía de todas las sociedades. Contar con un defensor, un gestor, un orientador es un sueño punto menos que imposible cuando se encaran circunstancias de orden legal y administrativo. Esto es material total y absoluto de los Derechos Humanos, la preocupación por estos derechos se ha mantenido, ya sea por intervenciones humanitarias, ya sea por adopción de tratados internaciones.
En una entrevista concedida por el Magistrado Armienta Calderón a los medios de comunicación, manifestó que la figura del Ombudsman nació en el Derecho del Norte de Europa, concretamente el sueco.
Es una figura que ha perdurado a través de la Historia y que en varias cortes monárquicas tenía el cargo de canciller del rey, para vigilar el estricto cumplimiento de las leyes. En España tuvo lugar, agregó el doctor Armienta, como el Justicia Mayor de Aragón y era quien defendía las garantías de libertad de los ciudadanos, oponiendo su autoridad muchas veces a la del rey, obteniendo la liberación de presos.
En la interesante entrevista se menciona que la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un Ombudsman. El doctor Armienta hizo historia diciendo que el primer antecedente de defensa de los derechos humanos en México se da en 1897, en San Luis Potosí, con la grandiosa figura del liberal Ponciano Arriaga, quien presentó al Congreso Local la iniciativa para crear la Procuraduría de Pobres.
La publicación de este esquema en los periódicos de la época hizo que una gran cantidad de ciudadanos acudieran a presentar sus quejas por agravios o arbitrariedades en su contra por autoridades civiles o militares; la defensa o ayuda era gratuita.
Al inicio de este editorial, menciono mi gran curiosidad al volver a leer el libro; y es porque una parte de la entrevista adquiere hoy una relevancia y es referente a lo manifestado, por varios años, por el actual Presidente de la República en su frase “Primero los Pobres”. Esta cita ha logrado levantar una gran expectativa en el país toda vez que las clases marginadas de la sociedad guardan la esperanza de elevar su nivel de vida accediendo a situaciones con mejores recursos, sibre todo para sus descendientes.
En nuestra Carta Magna, desde 1917, se toca el tema de los derechos humanos pero bajo el rubro de garantías individuales. Es decir, agrega el jurista, son los derechos fundamentales del hombre, garantizados; se garantizan los derechos a través de un procedimiento, para hacerlos efectivos. También surgieron los procuradores fiscales que defendían a los indios cuando eran perjudicados, que era casi una tendencia, en sus propiedades.
El libro de referencia y la entrevista dejan entrever que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es desde hace ya varios años, una gran realidad, tan importante y creciente que ha sido elevada a rango constitucional, consagrándola en el Artículo 102, junto con otra gran figura social: la del Ministerio Público.
El destino del individuo, del ciudadano, puede estar todavía, en la práctica, a merced del Estado pero ello constituye también un problema que merece una preocupación continua y creciente.