La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y particular el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social.
Con 196 votos a favor y en medio de críticas de la oposición, los diputados aprobaron la Ley de Comunicación Social y la turnaron alSenado.
El Senado de la República trabajará a contra reloj para aprobar, antes de que concluya el actual periodo ordinario, diversas reformas pendientes, entre las que destaca la Ley de Propaganda Gubernamental.
Luego de un periodo vacacional de 11 días por Semana Santa, los senadores regresarán este martes al trabajo legislativo, donde tienen enfrente la citada ley, que ha sido un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobarla a más tardar el próximo 30 de abril.
Asimismo, en menos de un mes tendrán que lograr los consensos que permitan la aprobación de los nombramientos de los fiscales general de la República y Anticorrupción.
Con un éxodo de más de 50 senadores que buscan nuevos cargos de elección popular, el Senado tiene ante sí la eventual ratificación del TPP-11, firmado recientemente en Santiago de Chile y con el que México tendrá la oportunidad de acceder a la región económica más importante de la zona Asia-Pacífico.
También, en las próximas cuatro semanas, los senadores deberán procesar otros nombramientos, entre ellos, 18 magistrados Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Sistema Nacional Anticorrupción; 14 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; un magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
Además, dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personas (INAI); dos magistrados agrarios; y al titular de la función conciliatoria a nivel federal para la Atención de los Asuntos relacionados con el Registro de Contratos Colectivos de Trabajo y Organizaciones Sindicales.
El pleno del Senado también debe elegir a cuatro integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura; y la designación del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Fuente: La Razón