Tras los sismos de 1985 y de septiembre de este año, la legislación y el discurso político adoptaron «un enfoque integral de riesgos», en lugar de fortalecer la política preventiva, aseguró el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
En su investigación El sistema escolar ante los sismos de septiembre de 2017, el instituto dijo que se han implementado políticas públicas dirigidas a combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer la resiliencia de la sociedad; es decir se ha promovido un enfoque reactivo en lugar de tener una política preventiva.
Dijo que el gobierno «ha mantenido un diseño presupuestal enfocado hacia el auxilio y recuperación», en lugar de fortalecer las políticas de prevención de desastres como crear estrategias de mitigación de daños.
Por ello, dijo que «más del 50 por ciento de las escuelas de 22 entidades del país carecen de un plan de protección civil, y en Guanajuato, Zacatecas, Durango y Oaxaca sólo dos de cada diez cuenta con él».
Agregó que en 24 entidades, menos de la mitad de las escuelas tienen rutas de evacuación, mientras que en Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas y Oaxaca sólo dos de cada diez cuentan con ellas.
El instituto dijo que para garantizar la seguridad en las escuelas se requiere de una inversión presupuestal superior y una mayor coordinación de las autoridades.
Aseguró que debido a que México está en una zona sísmica «es probable que ocurra un sismo de mayor magnitud al de septiembre pasado, bajo las costas de Guerrero, por lo que la prevención de desastres debe ser una prioridad de la política del desarrollo, y no sólo mediante campañas informativas».
Fuente: Milenio